La huella del hambre, somos lo que desperdiciamos.

Puede que muchos de los que lean estas líneas se dispongan en estos momentos a desayunar, o pude que lo hagan justo antes de preparar una buena comida o quién sabe, quizás simplemente hayan decidido prepararse algo ligero por eso de mantenerse en forma durante el verano, pero lo que me atrevería a asegurar, es que pocos o puede ninguno de ustedes, se haya parado a pensar en que en estos momentos, una de cada nueve personas en el mundo carecen del acceso a una alimentación básica que les permita lograr el desarrollo de una vida saludable. Un total de 795 millones de personas que en nuestro planeta carecen de acceso a una cesta de alimentos básicos, la mayoría habitantes de países como Afganistán, Haití, Tayikistán, Yemen o Sierra Leona. Regiones en donde la cuestión alimentaria no se trata simplemente de una elección de marca o de cuestiones relacionadas con la tendencia culinaria de turno, sino de una cruel disyuntiva entre la vida y la muerte.

Una lucha por la subsistencia que habitualmente identificamos con países lejanos, pero que en menor media también comienza a producirse en las calles de nuestro país. En la última década y potenciada por la crisis económica, nadie puede escapar a la visión de personas buscando alimentos en los contenedores de nuestras ciudades. Una realidad cotidiana pero soterrada para un país desarrollado como España, en donde en la actualidad se vive un profundo retroceso en la lucha contra el hambre, mientras a lo largo de un año, un tercio de todos los alimentos producidos en nuestro país acabará directamente en esa misma basura, en donde otros buscan desesperadamente “desperdicios” que les permitan sobrevivir, mientras 24 millones de kilos de alimentos son desperdiciados cada semana, 1.245,9 millones de kilos arrojados a la basura en un año, casi el 4,5 % de toda la comida que compramos y que pasa directamente a ser desechada en el desenfreno consumista que también afecta a nuestra alimentación.

Una realidad totalmente inasumible desde un punto de vista ético, económico o directamente ambiental. Ninguna sociedad debería ser considerada libre o democrática mientras gran parte de sus miembros tienen serios problemas para lograr alcanzar una alimentación digna, en un entorno en el que diariamente se desperdician ingentes cantidades de comida debido a errores en la planificación en la compra de sus habitantes, o simplemente a criterios estéticos o comerciales hacia los alimentos.

La lucha contra el despilfarro alimentario es un reto que comienza en nuestras cocinas y en cada visita al mercado, no en vano, al contrario de lo que sucede en países en vías de desarrollo en donde el desperdicio se produce en los primeros pasos de la cadena de producción, en Occidente, el consumidor supone sin duda el principal responsable de la ingente cantidad de comida que se desperdicia. En nuestro país, el 72% de los consumidores reconoce tirar alimentos al no organizar correctamente las compras, mientras que el 50%, lo hace al olvidarse de congelar ciertos productos que terminan almacenados en la nevera hasta que se echan a perder y un 37%, reconoce desechar a menudo sobras de sus platos o neveras. Como señala José Graziano da Silva (Director General de la Organización para la Agricultura y la Alimentación): “Todos nosotros -agricultores y pescadores, procesadores de alimentos y supermercados, gobiernos locales y nacionales, consumidores particulares- debemos hacer cambios en todos los eslabones de la cadena alimentaria humana para evitar en primer lugar que ocurra el desperdicio de alimentos, y reutilizar o reciclar cuando no podamos impedirlo”.

Elaborar una lista de la compra en base a un menú semanal, no dejarse llevar por las ofertas del tipo 3×2 con las que se tiende a comprar en exceso, no ir al supermercado con hambre, no guiarse sólo por la estética de los productos, recurrir a la atención personalizada en el comercio, consumir lo que lleve más tiempo comprado o comerse primero los alimentos más antiguos; son solo algunos de los pequeños consejos que todo consumidor debiera seguir para desarrollar un consumo más eficiente de nuestros recursos alimentarios, y por tanto lograr reducir desde el papel de consumidor el despilfarro en un país que cuenta ya con cerca del 28% del total de la superficie agraria destinada únicamente al desperdicio.

Una situación también fomentada desde el principio de la cadena por políticas económicas artificiales ejercidas sobre los agricultores por las grandes compañías, las cuales se muestran dispuestas a ahogar en una guerra abierta de precios a los pequeños productores de nuestro país, quienes en muchas ocasiones, ven como finalmente les resulta más rentable tirar la cosecha que recolectarla. La guerra por el producto barato en los estantes de los supermercados no tiene en cuenta el coste medioambiental, las condiciones laborales y económicas de los trabajadores del campo o la sin razón de las políticas de estética de los alimentos de las grandes compañías. Hemos entrado de lleno en una dinámica demencial en donde la explotación laboral supone la principal línea de actuación de cara a reducir costes en nuestro campo, mientras la eficiencia en la producción y el cese del despilfarro de alimentos sigue sin ni siquiera plantearse como una salida a un sistema a todas luces ineficiente.

La actuación política debe dirigirse no sólo al consumidor final, sino a su vez centrarse en reducir el desperdicio de alimentos en primera instancia, intentando con ello limitar las pérdidas de cultivos en las granjas debido a las malas prácticas o las excesivas exigencias estéticas de los grandes mercados. De igual modo, equilibrar la producción con la demanda supone un paso vital a la hora de no utilizar recursos naturales en vano para producir alimentos que no sean necesarios, por ello, desde la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) se lleva ya tiempo pidiendo ajustes en los costes y animando al consumidor a la compraventa de productos sin intermediarios que entorpezcan la cadena de mercado. La lucha contra el despilfarro de alimentos supone una de las principales luchas contra la injusticia social, somos los propios ciudadanos los que debemos exigir a nuestros gobiernos el desarrollo de proyectos alternativos al sistema de producción, distribución y consumo de alimentos capitalista. Un sistema que a todas luces ha resultado fallido en este campo.

El consumismo occidental no puede normalizar la pobreza alimentaria para amplios sectores de la sociedad, mientras en nuestros propios hogares el despilfarro alimentario sigue suponiendo una realidad demasiado obscena para un mundo en el que gran parte de la población continua pasando hambre cada día. La estética no puede substituir a la calidad, la explotación laboral no puede suplantar las políticas de eficiencia y desde luego, un precio barato de los alimentos en las estanterías de nuestros supermercados, no puede esconder una industria que cada día despilfarra toneladas de alimentos y con ellos colosales cantidades de recursos naturales cada día más escasos para nosotros. Somos lo que comemos, pero también somos lo que desperdiciamos.

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Miguel Ángel Blanco, la memoria secuestrada

Se cumplen ya dos décadas desde que tres miembros del comando Donosti secuestraran al concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Dos décadas del ultimátum de los terroristas, el rostro del miedo reflejado en sus familiares y aquel tenso silencio intrínseco en la cuenta atrás de quien espera la muerte. Un silencio tan solo roto por dos disparos que tras una lenta agonía, teminaron finalmente con la vida de Miguel Ángel y cambiaron  el signo del miedo frente al terrorismo en nuestro país para siempre.

En realidad la sangre derramada por aquel joven concejal de Ermua sobre el campo de Lasarte, en nada se diferenciaba de la de tantos otros que antes habían perdido su vida fruto de la barbarie y la sin razón terrorista en nuestro país. Quizás, ese fuese el motivo por el que la perdida de Miguel Ángel Blanco, logró empapar de rabia e impotencia a una sociedad ya demasiado harta del sabor a muerte en su día a día, una sociedad que todavía permanecería durante mucho tiempo temerosa ante el las armas de los terroristas, pero que desde ese preciso instante, nunca más dejaría que el miedo la atenazase, evitando que pudiese pronunciar tras cada nuevo asesinato, un grito unánime: ¡BASTA YA!.

La muerte de Miguel Ángel Blanco supuso para el País Vasco y también para España, un antes y un después en la actitud frente a ETA. Los disparos que le arrebataron la vida, le arrebataron también las máscaras a una sociedad que hasta ese momento permanecía sin rostro frente a los terroristas, políticos, policías, periodistas, pero también vecinos y vecinas anónimos de cada pueblo de Euskadi, salieron por primera vez a la calle de ese día de forma masiva para mostrar su repulsa frente al terrorismo de ETA. Fueron entones los rostros de los asesinos, los que desde ese momento tuvieron que permanecer ocultos para siempre, tras unas capuchas blancas que no pudieron ocultar nunca más el rastro de sangre en sus palabras.

Décadas después de su asesinato y mientras los verdugos se pudren en la cárcel o en el infierno, la negativa de la alcaldesa de Madrid; Manuel Carmena, a poner una pancarta conmemorativa en la fachada del Ayuntamiento, ha conseguido que una vez más, el nombre de Miguel Ángel Blanco se vea envuelto en la sin razón argumentativa disfrazada de política. El tacticismo político y el revanchismo partidista, sumado a la torpeza de quienes desde el ayuntamiento madrileño no han sabido trasladar sus motivaciones, han logrado contra todo pronóstico en tiempos de paz, desdibujar un digno homenaje a una víctima de ETA como tantas otras.

Quienes durante años, desde las instituciones, han propiciado con su silencio y sus votos que las víctimas de la represión franquista sigan compartiendo su olvido con el descarado ensalzamiento a su asesino y cuyos cargos políticos se atrevieron a vilipendiar a sus familiares, hoy pretenden ante la opinión pública, convertirse en adalides de las buenas maneras para  hacer de un posible fallo en las formas políticas de la alcaldesa, un delirante caso de convivencia con los terroristas. Pudiese uno tildar sin riesgo a equivocarse, de abyecto e inmoral a quien desde la militancia en la  misma formación política por la que Miguel Ángel Blanco dio la vida, hoy se atreve a intentar dibujar una sonrisa en la cara de los terroristas, resucitando la división y el uso partidista de las víctimas que siempre buscaron sus asesinos. Quizás, no se equivoco la alcaldesa, cuando pretendió evitar personalizar el dolor, puesto que desgraciadamente para nuestro país, solo así parece evitarse la apropiación del mismo.

Inexplicablemente, Pablo Casado, Mayor Oreja, Cristina Cifuentes e incluso la propia Marimar Blanco, se han sumado en las últimas horas, a la horada de insultos e insinuaciones que sin atender al debate democrático, han pretendido entre deleznables titulares de prensa y desesperadas ofensivas políticas, vincular a la alcaldesa de Madrid con un supuesto desprecio a las víctimas o lo que es todavía peor, un apoyo directo a los terroristas. La misma Manuela Carmena, que en Atocha salvo la vida por mera casualidad durante el atentado al bufete laboralista a manso de pistoleros de la ultraderecha española, vive hoy inmersa en la delirante pseudorealidad de quienes en pleno homenaje a un político asesinado por las armas de los terroristas, sacan a relucir sin pudor alguno el devenir político de Venezuela, el proceso soberanista catalán o cualquier otro asunto que pueda llegar a importunarles a la hora de alcanzar sus objetivos políticos, para en un ejercicio de cinismo ilimitado, pretender imponer la lógica de todo lo que nos molesta es ETA.

Sin que pueda evitarlo, recurre una vez más el PP en su estrategia política, al argumentario tan insertado en su ADN del todo es ETA. Quienes en más de una ocasión se atrevieron a menospreciar a víctimas del terrorismo como Pilar Manjón, hoy pretenden manipular la realidad para tildar de etarra o radical a todo aquel que quiera recordar a las víctimas de una manera diferente a la establecida durante los años de la barbarie. Haría bien el Partido Popular en recordar su desmemoria con los represaliados durante la dictadura franquista, su indigna gestión y manipulación informativa durante el 11M o las continuas zancadillas al ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, durante el proceso de negociación que puso fin a la actividad asesina de la organización terrorista ETA. Podría incluso el partido de Mariano Rajoy volver la vista hacia su propio partido, para encontrar en sus propias filas el más profundo desprecio a la memoria de Miguel Ángel.

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Rojo sangre

Pecamos en muchas ocasiones, al debatir sobre la abolición de la tortura taurina (perdonen que no utilice el término tauromaquia, pero jamás me permitiré ensuciar de esa forma a la palabra arte) en caer en los propios argumentos de los torturadores. Perdemos energía y tiempo en debates absurdos sobre la legitimidad de las subvenciones, el arraigo popular o el grado de sufrimiento del toro durante la barbarie producida entre banderillazos y estocadascuando el debate debería ser, y en esencia es, mucho más sencillo.

La disputa sobre la tortura taurina, debe centrarse únicamente en la conciencia y la madurez de un país que no puede ni por un segundo más, seguir manteniendo vivo el recuerdo más zafio de su pasado. La memoria de un tiempo, en  donde una cantidad ingente de turistas, alguno de ellos famosos artistas o escritores, se dirigían a España con el sentimiento propio de quien cruza la última frontera antes de inmiscuirse en un país mitad civilizado, mitad sociedad salvaje. Un país enfermo de barbarie y denodado tribalismo, en donde bellas mujeres bailaban al ritmo de guitarras árabes y hombres simples, pero en apariencia “valientes”, se jugaban la vida enfrentándose a un animal indómito, al parecer por un mero rito ancestral.

¿Como lograr perseguir eficazmente al maltrato animal cuando se denomina maestro al torero? ¿Como proteger nuestra fauna cuando se tortura y se asesina sin piedad un símbolo nacional?

Un país anclado en ritos ancestrales en donde no reinaba la lógica, ni la razón humana. Con el simple hecho de cruzar los Pirineos, uno podía sentirse a la vez maravillado y moralmente superior, ante tan lamentable espectáculo, en una sociedad anacrónica en Europa. Todo ello, si es que finalmente tras contemplarlo, uno era capaz de mantenerse ajeno a la locura. Ajeno a espectáculos como el de Tordesillas, en donde la sinrazón y la barbarie dan un paso más cara a la perturbación, al delirio de la sangre animal como entretenimiento y el zoquetismo patrio como seña de identidad.  La tortura animal en Tordesillas, simboliza el fiel reflejo de una comunidad, que dice representar en la actualidad el sentir de la España medieval, un festejo; si es que a la muerte se le puede llamar festejo, que hunde sus raíces en la enfermiza relación entre hombre y animal durante un período histórico en donde estos últimos, los animales, no suponían más que una fuente de alimento y de recursos. Triste la sociedad que avanzado el sentido de la historia, permanece anclada en tan oscuros tiempos, para denominar cultura al hecho de perseguir un toro por decenas de picadores y lanceros, intentando simplemente, alancearlo hasta la muerte.

Todavía hoy, libros, canciones y viejas películas, alaban el valor del torero como un héroe que se resiste al paso del tiempo, guiños antropológicos de quienes observan nuestro delirio desde la más absoluta equidistancia entre la fascinación y el asco. Un guiño quizás rebelde, lanzado en ocasiones por pseudointelectuales afectados por un síndrome de Peter Pan que los mantiene anclados en una época ya pasada, en la que artistas como Enest Hemingway, Federico García Lorca, Pablo Picasso o Orson Welles, alababan la tortura animal como un arte, en medio de un mundo en donde muchas veces,  la propia vida del ser humano no valía nada.

La percepción cambia cuando es uno el que tiene que convivir en su propio país con esa tortura animal a la que llaman arte, la vergüenza de la sangre en sus calles, en sus plazas, la consciencia de quien siendo amante de los animales, reconociendo sus derechos, ve como sus impuestos sirven para fomentar y perpetuar a los asesinos y su negocio. Una realidad que sin duda se torna kafkiana en nuestro siglo y que quizás, lamentablemente se encuentre en el origen de muchos de nuestros males. ¿Como lograr perseguir efecticazmente al maltrato animal cuando se denomina maestro al torero? ¿Como proteger nuestra fauna cuando se tortura y se asesina sin piedad un símbolo nacional? En el fondo de nuestra psique colectiva, la permanencia del toreo en nuestra sociedad, representa una de esas anclas que nos retrotrae a la España más ancestral, a esa España de la que avergonzarse, con la que sentirse culpable y bajar la cabeza ante determinados temas.

La disputa sobre la tortura taurina, debe centrarse únicamente en la conciencia y la madurez de un país que no puede ni por un segundo más, seguir manteniendo vivo el recuerdo más zafio de su pasado

El toreo nos hace menos Europa y a su vez,  también menos humanos. La persistencia del maltrato animal a un símbolo patrio como es el toro en nuestro país, habla más de nosotros como sociedad de lo que quizás podría hacerlo un toro libre, un toro orgulloso y salvaje. Puede que en el fondo el toreo se trate simplemente de eso, un recuerdo de una España triste, aletargada y avergonzada de sí misma que todavía hoy, se niega a marcharse. Una España, que llama arte a ver al toro desangrarse en la arena.


Dedicado a todos los toreros, con la firme certeza de que serán las futuras generaciones las que deban cargar con el peso y la vergüenza de vuestros actos.

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Alsasua, polvo en los ojos

“Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea.”

Malcolm X

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy  durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa, y que hoy sirve en España, para mantener encarcelados a tres jóvenes independentistas, acusados de agredir a dos guardias civiles durante el transcurso de una noche de copas en Navarra. Una medida judicial definida por la propia ONU como poco democrática, que permite que hoy en nuestro país lo que en cualquier otro escenario supondría poco más que un delito de lesiones, haya terminado para estos jóvenes abertzales, en una acusación por terrorismo enmarcada en un proceso de paz en el País Vasco paralizado por la apatía estatal y durante el recrudecimiento de los juicios por enaltecimiento del terrorismo, que poco o nada tienen que ver con la realidad política o la pulsión social de Euskal Herria.

Una sociedad civil que en el pueblo de Alsasua, no ha dudado desde un primer momento y en contra de la polémica decisión de las autoridades españolas, en manifestarse para pedir la puesta en libertad de los jóvenes detenidos y el fin de lo que gran parte de los vecinos consideran continuos montajes policiales y judiciales. Lo que a día de hoy, para la Audiencia Nacional es considerado terrorismo, para los vecinos y vecinas de la localidad (Además de para 83 alcaldes de Euskadi y Navarra) no supone más que una pelea de bar fruto de lo que ellos describen como asfixiante presencia de la Guardia Civil en el pueblo.

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua, víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy,  durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa

Pese a las masivas movilizaciones vecinales y a los propios informes de la Guardia Civil remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, en los que niegan la existencia de un linchamiento organizado contra los dos guardias civiles agredidos junto a sus parejas en un bar de la localidad, la Audiencia Nacional  en una actuación polémica, decidió finalmente hacerse cargo del proceso, basándose en los testimonios de los propios denunciantes como única prueba, todo, pese a las numerosas contradicciones de los mismos con la versión del resto de testigos.

En poco más de una semana desde su detención, los nueve jóvenes de entre 19 y 24 años, fueron procesados atribuyéndoles un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Una decisión fundada en la hipótesis de que los detenidos llevaron a cabo la agresión motivados por su conocimiento de la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, lo que enmarcaría los hechos en las “rutinas de hostigamiento” contra el instituto armado español protagonizadas por el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos. Una decisión judicial, que a todas luces puede llegar a suponer un ejercicio excesivo de conjeturas en la reconstrucción de los hechos, y que a tenor de las pruebas presentadas judicialmente, apunta sin duda a que la actuación de la Audiencia Nacional, no viene sino a enturbiar los intentos emprendidos por la sociedad vasca, para normalizar la convivencia tras numerosas décadas de conflicto y el reciente cese de la actividad armada de ETA.

No en vano, aceptar que la pertenencia de los jóvenes detenidos en Alsasua a diferentes organizaciones independentistas, que pueden compartir o no, diversos objetivos con la organización terrorista ETA, supone motivo suficiente para su procesamiento por terrorismo tras una reyerta en un bar, abre una peligrosa vía legal en donde la afiliación de los acusados y no los hechos en sí, suponen el principal baremo para la posterior actuación de la justicia. La búsqueda de la independencia o la expulsión de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Navarra y del País Vasco, figuran entre los objetivos perseguidos en su momento por la organización terroristas y hoy forman parte de las principales reivindicaciones políticas de la izquierda abertzale. Precisamente, en asumir como legítimas las reivindicaciones de quienes sin el peso de las armas pueden defender tales postulados, hoy pasan gran parte de las esperanzas para  la convivencia y el correcto desarrollo del proceso de paz en Euskadi. En ningún caso en una sociedad plenamente democrática, encabezar una campaña por reprobable y deshonrosa que pueda parecer esta a la Audiencia Nacional, puede suponer la posterior vinculación con una organización terrorista.

un ejercicio excesivo de conjeturas en la reconstrucción de los hechos, y que a tenor de las pruebas presentadas judicialmente, apunta sin duda a que la actuación de la Audiencia Nacional no viene sino a enturbiar los intentos emprendidos por la sociedad vasca, para normalizar la convivencia tras numerosas décadas de conflicto y el cese reciente de la actividad armada de ETA

“Proporcionalidad, justicia y equidad” son las lógicas reivindicaciones de un pueblo y unas familias, que todavía hoy siguen gritando a viva voz que sus jóvenes no son terroristas. El circo mediático y político en un caso en donde en las propias palabras de las familias de los detenidos, los jóvenes de Alsasua “han sido utilizados de una manera ejemplarizante y no desde parámetros jurídicos” parece impedirnos lograr reflexionar acerca de lo absurdo e insultante de comparar una simple pelea de bar, con la realidad vivida por muchos ciudadanos durante la existencia de la amenaza de las armas en nuestro país.

Mantener la acusación de terrorismo y peticiones de prisión absolutamente desproporcionadas, que pueden llegar a superar los 10 año de prisión, supone un insulto a la inteligencia de un pueblo que ya ha pagado demasiado caro los desesperados intentos de quienes parecen querer prorrogar de manera artificial la lógica del discurso de las armas.

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Un parlamento, una moción de censura… dos españas

“Ustedes representan lo malo conocido y el miedo. Han usado el miedo para robar”

Pablo Iglesias

La tercera moción de censura en cuarenta años de democracia, nos deja la constatación de la existencia de dos realidades muy distintas en el parlamento y en el tejido social español. Dos realidades, pertenecientes a dos españas que no solo nunca han llegado a confluir, sino que con el paso del tiempo, parecen alejarse todavía más fruto de un modelo económico y unas políticas, que fomentan la desigualdad social al compás de la corrupción política y la codicia desaforada de nuestra supuesta élite empresarial. Una codicia que ha hecho de nuestro país un paraíso para tramas de corrupción de todo tipo, en donde comunidades autónomas, empresas, ayuntamientos, bancos y partidos políticos, se han visto aquejados por un parasitismo en ocasiones tornado en depredación, que ha infectado a nuestras instituciones, transformando lo que antaño fuese un pacto social común, en un complejo sistema poder, en donde las élites del sistema han podido afanarse con libertinaje en la búsqueda de su máximo beneficio económico, cambiando las reglas del juego siempre que resultase necesario para sus necesidades.

Durante algo más de cinco horas, Unidos Podemos ha hecho uso de la tribuna del Congreso para poner de manifiesto la profunda decadencia de un gobierno y unas instituciones paralizadas por la corrupción, en donde los esfuerzos del ejecutivo se han visto en demasiadas ocasiones a lo largo de la legislatura, centrados en esquivar la actuación policial y el peso de la justicia sobre un Partido Popular que una vez más, ha llevado al extremo en su estrategia de defensa, la aparente necesidad política de la derecha de nuestro país de hacer del que se supone gobierno de todos, su cortijo particular.

Nada sabe el Partido Popular de los más de 100.000 desahuciados, los emigrados, los parados de larga duración, los más de 64.000 alumnos estudiando en barracones o la realidad de los trabajadores pobres en nuestro país

Entre lecturas inoportunas, comentarios machistas, aplausos de graderío y una total indiferencia por el discurso de Irene Montero o Pablo Iglesias, la bancada popular ha decidido simplemente ignorar una moción de censura que sabe fracasada de antemano, gracias a la falta de entendimiento entre los partidos que podrían configurar una alternativa a su gobierno. Nada parece importarle al PP la realidad social tras esta iniciativa, la de un país hastiado por la corrupción, golpeado por los recortes y quizás temeroso ante la precariedad laboral y la rapidez con la que iniciativas como la ley mordaza, han recortado sus libertades hasta hacer de la protesta social un delito. Un país cansado de las dos españas, divididas entre vencedores y vencidos, en la que el trabajador siempre termina perdiendo.

Sin duda desconocen en Genova 13, la realidad del trabajo precario, el miedo al despido, las hipotecas que pesan cada mes como una losa o el inhumano esfuerzo que puede suponer para una familia obrera el copago, por pequeño que sea, en servicios que antes se suponían públicos y gratuitos. Lo desconocen en Genova, como lo desconocen en el distrito de Salamanca, en la Moraleja o en el Viso. Los recortes de más de 10.000 millones de euros menos en la sanidad pública española, las listas de espera, la perdida de profesionales y camas o el negocio detrás de la salud de las personas no son asuntos que alteren la tranquilidad de los habitantes de esa “otra España” Después de todo, siempre pueden acudir a la sanidad privada, una sanidad sin listas de espera o molestos compañeros de habitación que nadie desea. Una sanidad que gracias a las reglas del juego, terminamos de una u otra manera pagando todos, pero que realmente solo unos pocos disfrutan. Una muestra extrema más del parasitismo de una minoría privilegiada sobre el conjunto de la sociedad española.  Una minoría que se cree con el derecho de vivir y gestionar lo público según sus propios intereses, para a continuación, una vez desmantelado un servicio que nos pertenece a todos, hacer uso de los servicios privados sin señal alguna de remordimiento. La realidad de las puertas giratorias, la de los pelotazos urbanísticos, la financiación ilegal o los favores de partido entre conocidos, suponen una concepción más propia del hampa que de la vida política, pero en España sobrevive sustentada por quienes en nuestro país, heredan el poder político y empresarial generación tras generación, en una simbiosis perfecta con las costumbres de la monarquía parlamentaria.

Nada sabe el Partido Popular de los más de 100.000 desahuciados, los emigrados, los parados de larga duración, los cerca de 64.000 alumnos estudiando en barracones o la realidad de los trabajadores pobres en nuestro país. Ellos, nunca han sufrido la angustia de no poder acceder a la energía o la cruenta necesidad de pedir ayuda para comer. Esa nunca ha sido su realidad. Su presente y su futuro se asemeja más a la especulación, la búsqueda aplicada de resultados en los datos macro, aunque la vida no cuadre, y más directamente el puro y desmedido lucro personal, las corruptelas, las inversiones sin riesgo gracias apoyadas en las leyes y en la banca… Dos realidades muy diferentes enfrentadas y de las que deberíamos ser plenamente conscientes antes de emitir cualquier tipo de voto. Llámenle como quieran, arriba y abajo, izquierda y derecha, vencedores y vencidos, ellos y nosotros…, pero sean conscientes de que en el parlamento, al igual que en nuestro país, todavía hoy existen dos españas claramente diferenciadas.

Un Partido Popular que una vez más, ha llevado al extremo en su estrategia de defensa, la aparente necesidad política de la derecha de nuestro país de hacer del que se supone gobierno de todos, su cortijo particular

Decía Rajoy a Iglesias que “Esta moción sirve únicamente para marcar terreno al PSOE o para crear más indignados. Sirve para todo menos para lo que tiene que valer una moción de censura” olvidaba el presidente del gobierno, que ante todo, una moción de censura debe servir para corregir el rumbo de un país a la deriva, un objetivo que hoy vuelve a quedar claro no será posible, mientras una España, para la que parece gobernar el Partido Popular, continue negando la realidad en la que por causa de sus políticas, vive inmersa gran parte de la para ellos, esa gran desconocida otra España.

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Euskadi, los huevos de la serpiente

José Pardines Arcay, Jorge Juan García Carneiro, José Lasa Arostigui, José Ignacio Zabala, Javier Pérez Arenaza, Miriam Barrera Alcaraz, José Ramón Domínguez Burillo, María Doleres González Catarain, Luis Isasa Lasa, Jesús María Basáñez, Miguel Ángel Blanco Garrido, Silvia Martínez Santiago, Xabier Galdeano, Lucía Urigoitia, José Ramón Goikoetxea Galparsoro, Josu Muguruza, Miguel Isaías Carrasco Arnaldo Otegi Mondragon.

2472 atentados después y tras derramar la sangre de 849 víctimas mortales, los nombres de Jean-Serge Nérin, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, se convertían finalmente en últimos en sumarse a la memoria de la sin razón de la barbarie terrorista de ETA en nuestro país. 829 víctimas, no menos de 4.000 presos torturados en las cárceles (donde muchos perderían su vida) y todavía hoy, 373 reclusos de la banda terrorista repartidos en 45 cárceles de todo el estado español, nombres y números para intentar esbozar el retrato de una guerra abierta entre dos posiciones encontradas. Nombres que esconden sangre, horror y la más pura sinrazón del ser humano, y una amenaza, la de las armas, que durante medio siglo acompañó a tantos y tantas que pese a todo, decidieron alzar su voz contra quienes anhelaban la imposición de una visión única de la política vasca. Muchos pagaron con su vida tal atrevimiento. Fernando Múgica, Enrique Casas, Ernest Lluch, Miguel Ángel Blanco… diferentes visiones de la sociedad vasca, diferentes caracteres políticos y sentimientos hacia su tierra, pero todos ellos unidos por el silencio previo al clic de la pistola de un terrorista o la bomba lapa debajo de sus coches que arrebataría sus vidas e ilusiones para siempre a la sociedad de su país. Una sociedad durante mucho tiempo demasiado acostumbrada al sonido de las explosiones, los llantos y las sirenas, un pueblo con miedo, preso de sus propios deseos y temores, que terminaron por esconderse tras los sentimientos de venganza de quienes lo habían perdido todo tras un atentado o el terror amenazante de quienes se acostumbraron a ver en los encapuchados su única vía de representación política.

Nació así en Euskadi una nueva cultura del miedo y del terror, una legitimación por parte de ciertos sectores de la sociedad de la fuerza como única interpelación válida ante el adversario político y con ello, nacieron también en Euskadi las heridas que ahora tanto tardarán en cicatrizar. Entre el dolor y la barbarie, se esconde el trasfondo de un conflicto que ha perdurado en nuestro territorio como uno de los más sangrientos enfrentamientos políticos de nuestra era moderna, y que pese al anuncio de la banda terrorista en 2011 del cese definitivo de la actividad armada, en un comunicado de apenas dos minutos y medio de duración, el último conflicto armado de Europa, permanece hoy todavía latente en el día a día de los vascos y vascas, especialmente cuando en Euskadi se habla de política.

La distorsión de la violencia, terminó alcanzando a una política vasca infectada por un germen, el de la venganza, que cinco años después impide encarar con normalidad un proceso de reconciliación social que en condiciones normales hace ya tiempo debiese haber contado con el apoyo directo e incondicional de los gobiernos español y francés, sin embargo, se da en el conflicto vasco una situación particular, en donde una organización terrorista dispuesta a entregar sus armas para escenificar un fin de la violencia al que le han empujado los operativos policiales y la propia realidad político-social de su entorno, no encuentra interlocutor en el otro lado. Ni los gobiernos español y francés, ni la propia Europa, ni los miembros de la comunidad internacional, parecen dispuestos a primar el fin de la violencia en España, por encima de los propios equilibrios políticos inherentes en las relaciones entre políticos y  estados.

Se continúan todavía hoy desde el estado español negando realidades sociales como Bateragune o judiciales como el caso Txapartegi, al tiempo que desde las instituciones se profundiza en la venganza como método de justicia para mantener políticas penitenciarias carentes de cualquier cobertura legal, políticas como la dispersión de presos, método este que no solo castiga a los terroristas sino a su entorno familiar y social, además del continuo uso de artificios legales para lograr privar a los presos etarras de los principios tendentes a la unificación del derecho en la Unión Europea que les permitiría en ciertos casos, acceder a la rebaja de condenas al ver descontados los períodos cumplidos en prisión en otros países pertenecientes ala Unión Europea. El gobierno español hace muestra de una clara intransigencia poco comprensible para quien se encuentra ante la posibilidad histórica de soterrar definitivamente la violencia como método político en Euskadi.

De nuevo, los mecanismos del estado de derecho se fuerzan y se retuercen para buscar la sanción en lugar del entendimiento, seis años después del cese del ruido de las armas, el silencio y los sentimientos de venganza soterrada durante tantos años continúan dificultando la vuelta a la normalidad de una sociedad ya demasiado acostumbrada al silencio. Resulta necesario hoy en Euskadi que las diferentes realidades enfrentadas durante tanto tiempo en una lucha armada, comiencen a ver en las concesiones al adversario no una cesión ante el enemigo, sino una oportunidad para una sociedad en su conjunto y a sus deseos de paz.

Durante seis años de encarcelamiento, Arnaldo Otegui simbolizó para ciertos sectores de Euskadi, militantes de la izquierda abertzale, un símbolo de su propia voz encerrada en una prisión española. Mientras se multiplicaban los casos y las causas para mantenerlo en prisión, se ha podido comprobar, como el camino que un día iniciaron ciertos dirigentes de la izquierda abertzale, un camino hacia la paz arriesgado y valiente frente a sus propios demonios, parece ya inalterable. Un camino que como el propio líder abertzale reconocía, se hacía tarde y en un lento y doloroso proceso que comenzó en la inconsciencia que en aquel momento tenían en el entorno de la banda terrorista acerca del dolor que sus actos provocaban en la sociedad vasca y el verdadero alcance de las heridas abiertas por estos. Solo atendiendo a esas declaraciones, uno podría entender la profunda brecha que ETA llegó a provocar en la propia sociedad de Euskadi y España. Una brecha todavía abierta en las heridas de las víctimas y los familiares de las mismas, que continúan esperando un punto y final claro a tanto dolor y sufrimiento. En palabras de Sara Buesa, víctima de la banda terrorista, alguien debe dar respuesta a la pregunta de si ha tenido sentido en algún momento la lucha armada en el País Vasco.

Pareciese que a diferencia de el Ulster o Colombia, España todavía no está preparada para encarar definitivamente la paz. El fin del terrorismo y de la barbarie en “Euskal Herria” no supone el final del conflicto vasco, sino tan sólo un cambio de escenario, un proceso en donde la voz del independentismo no ha desaparecido en la sociedad con el ruido de las armas, sino que se ha transformado en lo que nunca debió dejar de ser: una confrontación ideológica en donde la única voz válida es la del pueblo libre, un pueblo que todavía hoy ve como la represión y la violencia son rutina en sus calles, como el peso de la violencia sigue presente en su día a día, sin que policía, política, justicia y la propia sociedad, sepan muy bien como desenmarañar una situación en la que todos los bandos se han acostumbrado a jugar sucio.

Hacer la paz, he encontrado, es mucho más difícil que hacer la guerra.

Gerry Adams

Estas decisiones serán de gran alcance y difíciles. Pero nunca faltó coraje en el pasado. Coraje que se necesita ahora para el futuro.

Gerry Adams

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Una paz sin diálogo

8 abril de 2017 una fecha llamada a marcar la historia de nuestro país. Jean-Noel Etcheverry fundador de la agrupación ecologista Bizi! y detenido el pasado 16 de diciembre por su supuesta vinculación a la organización terrorista ETA, ha señalado ante la opinión pública esa fecha como la del último paso previo para encarar la total disolución del movimiento terrorista vasco Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad).

Un paso más en una hoja de ruta hacia la paz, en el que la postura del gobierno español ha sido la del inmovilismo durante estos últimos cinco años sin violencia. Una línea de actuación atrincherada en la negativa a asumir cualquier tipo de responsabilidad en la mesa de negociación, y en las sucesivas actuaciones policiales que en medio de un proceso de paz, parecen más encaminadas a dinamitar a la sociedad civil abertzale que a facilitar el camino para la total disolución de la organización terrorista. Un proceso que se afianzada únicamente en una sociedad civil que sigue firme al mando del mismo, pese a las continuas negativas de los gobiernos español y francés para erigirse como interlocutores ante la organización terrorista ETA.

Curiosamente, quienes durante décadas no dudaron en modular sus discursos o en tomar asiento en primitivas negociaciones ante los asesinos prometiendo “generosidad, mano tendida y espíritu abierto”, hoy son los mismos que muestran una incomprensible pero tajante negativa ante la perspectiva de asumir el cometido de quién en un proceso de paz tiene el deber de representar a un estado con un conflicto armado dentro de sus fronteras. Desde el decimoquinto congreso del Partido Popular Vasco, Mariano Rajoy hacía mención al comunicado de ETA, poniendo de nuevo el acento de su discurso en la negativa del gobierno español a entablar cualquier tipo de diálogo con la organización terrorista, y señalando la persecución policial como la única decisión política capaz de poner fin al conflicto “Esta posición que mantenemos nosotros es la justa, la democrática, la que preserva la dignidad de las víctimas del terrorismo y, por si a alguno no le llegaran esos argumentos, es también como el tiempo está encargando de demostrar, la mas eficaz para la disolución definitiva de ETA. Es es lo que tengo que decir sobre esto”  Una vía la de la negativa al diálogo que utiliza la voz de las víctimas para justificar una decisión exclusivamente política, y que no parece encontrar justificación en una sociedad vasca profundamente comprometida con la normalización de la convivencia política y social de un pueblo,  que todavía hoy arrastra profundas cicatrices fruto de la violencia.

Cinco años después de que ETA anunciase en un comunicado de apenas dos minutos y medio el “cese definitivo de la actividad armada” sin condiciones, el último conflicto armado de Europa continua incomprensiblemente estancado entre la pasividad gubernamental, y la desesperada intentona por parte de los terroristas para edulcorar la derrota como una última vía de expiación, para quienes años después al fin parecen percatarse de lo absurdo e innecesario de todo el dolor provocado. Un dolor reflejado en las 849 víctimas mortales por los atentados de la banda terrorista, en los presos, en los torturados, pero también en las familias y en la impotencia de todos aquellos que durante décadas, han visto como la amenaza de las armas frustraba cualquier esfuerzo de debate en Euskadi.

Con el desarme de ETA, el fin de la violencia terrorista en nuestro país se dibuja como una realidad inevitable cercana, pero haría mal el estado al confundir la disolución de la banda terrorista con el final del propio conflicto vasco. La inexistencia de una hoja de ruta consensuada y un futuro desarme que todo indica no podrá producirse de forma verificada y ordenada, por la negativa del gobierno español a erigirse como interlocutor en el proceso de paz, suponen una nefasta señal para el futuro de una sociedad en donde las heridas abiertas son numerosas, y todavía son muchos los que en uno y otro bando parecen mostrarse incapaces de sobrevivir al cambio de mentalidad para una convivencia sin tensiones. El diálogo resulta más importante que nunca, cuando se hace patente que son muchas las cicatrices que sobrevivirán a la banda terrorista. El estado debe encontrarse hoy al lado de una sociedad civil que no puede sumar al dolor de los muertos, el peso de construir la paz en solitario. 

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Recuerda que como parte de la ley de memoria histórica y en recuerdo de la activista medioambiental Berta Cáceres, te agradeceríamos que dedicases un segundo a firmar esta petición para cambiar al recuerdo del fascismo de las calles de A Coruña, por el nombre de la activista medioambiental.

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Justicia y poder, en tu casa o en la mía

Media hora ha bastado, para que Iñaki Urdangarin, se libre de momento de la cárcel. A la espera de lo que decida el supremo, el tribunal del caso Nóos, finalmente, ha hecho caso omiso de la petición del Fiscal Anticorrupción, que pretendía imponer al acusado, una libertad bajo fianza de 200.000 euros; y por ello, el yerno del rey, tan solo deberá cumplir, el requisito de comparecer una vez al mes, ante la autoridad judicial de Ginebra, en donde el que fuera Duque de Palma, tienen actualmente su vivienda. Eso sí, en caso de realizar un desplazamiento a la nieve, un acto público o alguna de las tareas a las que suele dedicar su tiempo el entorno de la casa real; siempre subvencionados por los españoles, Don Iñaki, tendría que comunicárselo al tribunal. Supongo que lo de las pulseras electrónicas en los tobillos, ademas de ser algo demasiado americano, podría restar glamour, en los actos propios de la alta sociedad.

Con esta decisión, la Audiencia de Palma, probablemente sin que esa sea su intención, rompe con el pacto de la transición. Un pacto que se ha roto, por la desfachatez continuada de la corona y la avaricia de un régimen político corrupto, amordazado por ese juego de poder y popularidad en el que se ha terminando convirtiendo, una democracia, únicamente reconocible durante escasas horas cada cuatro años.

Si bien la Fiscalía, pedía inicialmente, para el yerno del rey, una condena de 19,5 años de reclusión y Manos Limpias solicitaba una pena mayor de 26,5 años, por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad  y blanqueo de capitales. Finalmente, la pena de 6 años y 3 meses, a los que ha sido condenado Iñaki Urdangarin, lejos de ser vista como sentencia ridícula por los delitos cometidos, enseguida ha sido utilizada por sectores próximos a la corona, para crear un discurso que pretendía convencer a la opinión pública, de que la sentencia había sido ejemplarizante, pero que esta, no debía justificar el ingreso en prisión de un padre de familia, y no un padre de familia cualquiera, sino de una familia de cierta sangre azul (Sinceramente, desconozco como funciona la gama cromática cuando la realeza se mezcla con el populacho, especialmente, cuando la parte del populacho, termina siendo black).

Reconoce el tribunal en su sentencia, que Don Iñaki, utilizó su “privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del Estado”, para ejercer “presión moral” e influir así, en la voluntad de las autoridades de Baleares, con el fin de conseguir contratos irregulares que le reportaron importantes beneficios económicos. Pero a continuación, creo que no en su mejor reflexión, argumenta la no imposición de prisión provisional, por el efecto disuasorio que ejerce una escolta policial; pagada por todos los españoles, y el arraigo familiar, social y laboral en territorio nacional del acusado. Todo ello, pese a las prisas mostradas por la infanta Cristina; su mujer, para no volver a pisar España una vez finalizase el proceso judicial. Cabe interpretar, para un observador no inmerso en los procesos judiciales, como el que aquí escribe, y atendiendo solo a la sentencia y a su desarrollo argumentativo, que la propia pertenencia de Iñaki Urdangarin a un entorno familiar estructurado y ciertamente privilegiado, supone un atenuante que juega a su favor, a la hora de evitar momentáneamente su ingreso en prisión, como sí sucede a diario con otros acusados del ámbito del delito menor, los llamados roba gallinas. Un entorno familiar, el de Don Iñaki, que le sirve a este, para evitar su entrada en prisión, al igual que previamente le sirvió para llevar a cabo sus fechorias financieras. Utilizando el peso que otorga la corona, ante políticos y empresarios, para lograr vaciar las arcas, que en muchas ocasiones, beben directamente de los impuestos de los ciudadanos.

Sentencias como las que nos ocupan, lejos de levantar sospechas, sobre si su procedimiento se ajusta a derecho o no, deberían ir más allá, sembrando en el ciudadano medio, una profunda desconfianza, hacía un sistema judicial y una justicia, dispar por naturaleza. Una justicia, heredera de un régimen del 78, nacido en una eterna crisis democrática, que todavía hoy, atenaza el desarrollo de una verdadera base social crítica, que permita el ejercicio de un modelo político, alejado del despotismo ilustrado disfrazado de democracia, al que actualmente asistimos; en una España, en donde la separación de poderes, se diluye cuando resulta necesario, y las presiones o directamente, las purgas entre los fiscales discolos,  funcionan como aviso a navegantes, cuando el poder se siente amenazado. La sentencia judicial, y la decisión de permitir al yerno del rey, conservar momentaneamente su libertar, puede ajustarse a la ley, pero lo hace a una ley creada por una clase privilegiada, para responder en último caso, a las necesidades de esa misma clase social. No deberíamos olvidar, que al igual que tantas otras instituciones en nuestro país, el sistema judicial imperante actualmente en España, es una herencia de las estructuras de poder franquistas. En su foro interno, nuestro sistema de justicia se torna ficticio, cuando pretende hacer un hecho, aquello de ser igual para todos los españoles. Es entonces, cuando descubrimos que como el derecho a la vivienda o al trabajo, tras tan grandilocuentes palabras, se esconde poco más que un enunciado  sugerente, pero meramente ornamental.

En un país en donde gente entra en prisión por robar una bicicleta; y no precisamente una Specialized Tricross por si alguien lo dudaba, por canciones, por obras de teatro, por manifestaciones, huelgas o por el simple hecho de pedir la independencia de lo que ellos consideran, como sus respectivas naciones. La sentencia, y el posterior trato a Iñaki Urdangarin, resulta especialmente denigrante, para una población en la que ahora reside, la responsabilidad de volver a llenar las calles o seguir aguantando el chaparrón. Si algo parece claro, a tenor de las reacciones que desde la derecha recibimos ante estas sentencias, y a los primeros meses de la nueva legislatura de Mariano Rajoy, es que si la población no reacciona, si no planta cara ante la desfachatez mostrada por un sistema que cada día se muestra más desenmascarado en sus obediencias, el caso Nóos, será tan solo el primero de una larga lista de sentencias con la que los corruptos, verán finalmente legitimados sus actos.

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 Autor: @SeijoDani

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¡La impunidad ha muerto¡ ¡Viva la República!

“El Rey es tan Jefe de Estado como soy yo. Sólo que yo he sido electo tres veces con 63 por ciento. Somos iguales, Jefes de Estado igual. Somos tan Jefes de Estado el indio Evo Morales como el rey Juan Carlos de Borbón y yo”

Hugo Chávez

Seguramente, poco podría imaginarse; en aquel verano de 2010, el fiscal Pedro Horrach, que entre la amalgama de documentos que recibía en su despacho, que en mayor o menor medida guardaban relación con el caso Palma Arena, se encontraban ocho folios, remitidos por la fundación  Illesport, que iban a destapar el mayor caso de corrupción de la monarquía española. El caso del Instituto Nóos, de Diego Torres, de Iñaki Urdangarin. Pero especialmente, un caso que terminaría, con toda una infanta de España, sentada en el banquillo de los acusados.

Un caso de adjudicaciones amañadas, de trabajos ficticios, precios desproporcionados y un desmedido ánimo de lucro, que llevaría a Don Iñaki y al que por aquel entonces era su socio Diego Torres, ha embolsarse cerca 4,5 millones de euros, por un trabajo, en el que el peso de la participación del yerno del rey, resultaba clave, para garantizar un flujo de dinero constante, cuya procedencia principal era la de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Nóos, supuso un entramado fraudulento, en el que los 18 acusados, terminaron sucumbiendo ante la tentación de asociarse con la imagen de la casa real, pese a las escandalosas irregularidades necesarias para ello.

El salto a la palestra del caso Nóos, supuso para la casa real española, encarar, la investigación y el posterior juicio, que terminaría por debilitar para siempre, esa imagen cándida y campechana de una monarquía, que en medio de una crisis sin precedentes para sus súbditos, se posicionaba claramente del lado de los que de una forma u otra, se habían aprovechado para su beneficio económico, de un sistema, del que la corona siempre se había congratulado de ayudar a crear. Con Aizoon SL bajo sospecha (Una sociedad compartida al 50% por Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina) la justicia, ponía en la picota, a una monarquía, aparentemente, vinculada a un caso de corrupción política, en el que el peso de la institución, había sido utilizado como si de una mera marca comercial más se tratase.

La investigación, logró demostrar, de manera clara, el funcionamiento del entramado de empresas y sociedades pantalla; que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, habían levantado, con el objetivo de hacer desaparecer para la Hacienda pública, el dinero fruto de la corrupción en sus actividades. Ante la imposibilidad de negar los claros indicios que apuntaban a Iñaki Urdangarin, no se tardo demasiado desde la casa real, en tomar la decisión de convertir, al yerno del rey, en la última barrera de defensa de la monarquía. Una estrategia, en la que se invirtieron numerosos recursos, y cuyo único objetivo, era el de intentar evitar  que la investigación, pudiese salpicar en mayor medida a la propia monarquía. No en vano, el caso Nóos, amenazaba en aquel momento, con afectar de manera directa a la hija del por aquel entonces rey de España. En un ambiente, en el que objetivo de todos los focos, se encontraba precisamente, en lograr demostrar, la posible implicación de la infanta Cristina, con los negocios de su marido. Algo, que a tenor de la sentencia final del caso, ha resultado; por un motivo o por otro, imposible para la acusación .

Con un sonoro murmullo político de fondo, y una fiscalía que en ocasiones ha bordeado una línea de actuación, más propia de la defensa de la infanta Cristina. La justicia, se ha mostrado incapaz, pese a los claros indicios, de demostrar la participación de Cristina de Borbón, como cooperadora necesaria en el delito fiscal cometido por su marido. Delito, que ha sido el único por el que doña Cristina, ha terminado sentada finalmente en el banquillo. No así, por los delitos de malversación, prevaricación o falsedades. Cabe recordar, que legalmente, la infanta, nunca ha tenido obligación alguna de denunciar a su marido, pese a que pudiese haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas realizadas por el mismo. No cabría por tanto, pese al revuelo informativo, exigir responsabilidades en ese sentido, más allá de las que se le pudieran reclamar moral y socialmente a un miembro de la familia real que dice representar al conjunto de los españoles.

Parece obvio, a tenor del elevado tren de vida de la pareja, que Doña Cristina, sí debió de reconocer en su día a día, claros indicios de la extraña actividad económica de su marido. Del mismo modo, que la capacidad de la infanta para disponer de los fondos de Aizoon, en donde se depositaban los beneficios fraudulentos de don Iñaki, apuntan de una manera clara, a una cierta responsabilidad en toda la trama, por parte de la hermana del actual rey. Una responsabilidad, que los correos destapados por  Diego Torres, extienden a su vez a nuevos ámbitos de la corona, dejando entrever, un claro conocimiento por parte del entorno de casa real, acerca de las actividades de Iñaki Urdangarin. Conocimiento, que desmonta totalmente, la fachada de una monarquía sorprendida por los tejemanejes del que hasta aquel entonces parecía el yerno ideal. La figura de Carlos García Revenga, secretario de las infantas, supone sin duda, uno de los vínculos claros entre la casa real y don Iñaki Urdangarin. El propio rey emérito, se vería salpicado por los mensajes destapados por Diego Torres, en donde las conversaciones con Corinna Sayn-Wittgenstein; supuesta amante del don Juan Carlos, parecen apuntar de manera directa a la aparente participación del rey en los negocios de don Iñaki Urdangarín, al menos como la figura, que nunca impidió que su nombre, y la reputación de la corona, fuese puesta al servicio de todo el entramado corrupto.

Con la absolución de Cristina de Borbón y la condena a Iñaki Urdangarin a un total de 6 años y 3 meses, la monarquía se encuentra ante la necesidad de hacer del marido de la infanta, un caso ejemplarizante, que evite; si todavía resulta posible, la sensación de la existencia de un justicia de dos sensibilidades, y dos velocidades en España.

Más allá de las sentencias judiciales y las responsabilidades penales, el proceso del caso Nóos, ha terminado destapando una dura realidad, para todos aquellos, que hasta hoy, creían en el sentido de una monarquía al servicio de los españoles. Las presiones ejercidas, en el entorno judicial y mediático, con la clara intencionalidad de alejar en la medida de lo posible a la infanta de las responsabilidades judiciales, han evidenciado a una corona muy alejada de los modelos de transparencia que desde la población se han venido exigiendo, ante el hartazgo de una corrupción ya endémica en el país. La corona, ha terminado de mostrarse al pueblo, como una institución, incapaz de reconocer sus propios errores. Un ente independiente del devenir democrático de nuestro país, incapaz de acomodarse a los cambios sociales pertinentes, al encontrarse totalmente inmersa en la firme tarea de apuntalar su propia supervivencia. Quién sabe, si por inoperancia o por mera impotencia, ante los posibles escándalos que una lupa parlamentaria podría hacer saltar a la opinión pública. La actuación de la casa real, ha continuado en una línea aislacionista, intentando dirimir en un proceso interno de reprimendas reales, lo que debería haberse convertido, en una clara oportunidad, para demostrar que ni tan siquiera la corona debe escaparse al ejercicio de la justicia.

El caso Nóos, nos deja a una infanta, absuelta por su supuesta ignorancia personal y política, y a todo un cuñado del actual rey de España, condenado por corrupción. Todo ello, parece gestar una extraña sensación propia del inicio del fin de un ciclo. ¡La impunidad ha muerto¡ ¡Viva la República!

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Autor: @SeijoDani

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Franco ha muerto, sus cachorros caminan

España, un país con cuatro décadas de dictadura fascista a sus espaldas. Un país olvidadizo, de silencios tensos y amenazas todavía latentes. Un país, en el que muy al contrario que en la mayor parte de las experiencias de gobierno de la ultraderecha en Europa, el dictador y con él su estructura social y de poder, nunca terminaron de marcharse, sino que tan solo se adaptaron a una nueva realidad, a nuevos tiempos. Tiempos en donde el miedo y la violencia, se antojaban menos útiles cuando se ejercían directamente desde el traje militar y en las instituciones. El fascismo español y el propio Franco, se libraron de los pelotones de ejecución, del exilio o la condena internacional, sin que nunca se llegase a pedir perdón por lo crímenes cometidos. La guerra fría, el dólar  y un turismo que poco o nada quiso saber del pasado de nuestro país, renovaron la cara a quienes algún día, también aquí, ensalzaron los peores demonios del ser humano, pese a no llevar, habitualmente, esvásticas en sus pecheras.

La muerte de Franco, supuso el punto y final a la última experiencia de gobierno de la ultraderecha en Europa. Con la muerte del dictador, los que habían aprovechado la mancha de sangre en sus manos y el reino del terror impuesto en dependencias policiales, renegaron de su pasado y convicciones fascistas, en busca de mayores oportunidades en una transición a la democracia, perfectamente orquestada y ejecutada desde las más altas esferas del propio franquismo. No resulto complicado para las grandes familias del fascismo español, el cambio de chaqueta y de convicciones. Muerto el dictador, la idolatría de la burguesía española, encontró en la democracia capitalista y en las oportunidades de negocio que esta ofrecía, el perfecto substituto a un sistema, ya por aquel entonces, profundamente anacrónico como para plantearse pagar un precio por su defensa. Fueron las clases trabajadoras españolas, y especialmente aquellos con un sentimiento de marcada pertenencia al régimen, los que mayor impacto sufrieron con un cambio, considerado por muchos como una traición. Mientras que gran parte de los españoles despertaban de una larga y cruel pesadilla, los pequeños cachorros del fascismo español, se sumían en una decadencia de la que ni todo su odio, sería capaz de rescatarlos. Partidos como Alianza Nacional 18 de Julio o Falange Española de las JONS, que pretendían mantener viva la herencia del dictador, se vieron relegados a la insignificancia en una lucha parlamentaria, en donde la Alianza Popular de Manuel Fraga, plagada de ex jerarcas franquistas, enseguida logro arrebatarles el dominio electoral del franquismo.

Desde Alianza Popular hasta su reconversión en el Partido Popular, el partido hegemónico de la derecha española, ha sabido canalizar hasta el día de hoy, un voto  de marcada ideología ultraderechista, en el seno de un supuesto partido conservador de centroderecha; y lo ha conseguido, con un juego de equilibrios, extremadamente complicado de mantener en muchas ocasiones, en el que la herencia del franquismo, es enaltecida y soslayada a partes iguales. Conscientes de peso relativo de sus sectores más radicales en su balance electoral, desde el Partido Popular, se ha evitado siempre que ha sido posible, hacer una condena en firme del golpe de estado y la posterior dictadura franquista. La exaltación del franquismo, la memoria histórica o las políticas de emigración, han recordado en numerosas ocasiones, el cordón umbilical que hasta hace no demasiado tiempo, unía a muchos de los dirigentes y votantes de la derecha española, con la dictadura. Un sector del Partido Popular, caracterizado por un fanatismo tímido, que dentro de sus electorado, comparten una amplia tipología de prejuicios con sectores de la ultraderecha más radical, pero que se obligan a actuar de manera “igualitaria” o “cívica” por temor a la posible sanción legal o social, que dar rienda suelta a su verdadero planteamiento ideológico, podría suponerles.

La Crisis financiera de 2008, unida al socavamiento de los valores proletarios fruto de la posmodernización, han hecho que la derecha burguesa que hasta ahora había concentrado la mayor parte del voto ultra español, comience a resentirse, fruto del hedor a parasitismo y corrupción, que emanan los partidos políticos y a la sensación de desprotección que muchos ciudadanos comienzan a sufrir, debido a las políticas de recortes y austeridad implementadas desde Europa y aplicadas con total diligencia por el parlamentarismo español. Los jóvenes cachorros de la ultraderecha de nuestro país, más acostumbrados al calor de las cacerías en los estadios de fútbol que a la sierra madrileña, actúan de una forma más directa y violenta que el fanatismo tímido de la derecha española. El odio al diferente y la ideología fascista, lleva a muchos de los jóvenes Ultras a buscar inspiración en movimientos con una clara tendencia a la violencia. Movimientos como HamerSkin, Blood & Honour o Volksfront, suponen una nueva amenaza para el resurgir de la ultraderecha en un país demasiado acostumbrado a su intimidación. La clase media europea, supone el nuevo caldo de cultivo, para todo tipo de extremismos, radicales “islámicos” o nacionalsocialistas, encuentran en el sentimiento de desarraigo de los jóvenes europeos, un caladero perfecto para reforzar sus filas con el odio de quienes carecen de un sentimiento de pertenencia, más allá del que les pueda proporcionar el poder de su consumo.

Si bien el propio anacronismo de la existencia del fascismo en las democracias europeas, ha logrado hasta el momento contener el atractivo de la ultraderecha para la mayor parte del electorado, experiencias como CasaPound en Italia, Amanecer Dorado en Grecia o el Frente Nacional francés, han demostrado que una nueva ultraderecha, con un rostro de cara el público más amable y preocupado por la situación de clase obrera, puede lograr crecer en una política desprestigiada y enfangada en el cinismo y el populismo mal entendido, en donde los ultras encuentran el caladero perfecto para lanzar su mensaje de odio al diferente. La nueva ultraderecha española, cimenta desde los municipios una base social que pretende acrecentarse al calor de la crisis económica y la desigualdad social. Partidos como E2000 o Democracia Nacional, llevan a las instituciones, el mismo mensaje de odio y violencia que provoca en las calles, más de 4000 agresiones cada año. 

Organizaciones como Hogar Social Madrid, de marcado carácter fascista, reconocen abiertamente el cambio de paradigmas en la ultraderecha española. La defensa de los más desfavorecidos, siempre y cuando sean patrios,  y la ocupación de espacios simbólicos hasta ahora propios de la izquierda, son la nueva táctica de los fascistas españoles, para recabar mayor repercusión social. El Partido Popular y la derecha tradicional española, son para ellos un enemigo más en la búsqueda del poder político, como quedó de manifiesto en la celebración de la última victoria electoral de los de Mariano Rajoy. Hogar social Madrid, parece pretender unificar la hasta ahora fragmentada y enfrentada ultraderecha española. Si bien, las resistencias de ciertos sectores al liderazgo de Melisa Domínguez, resultan todavía patentes en foros en donde se ataca sin piedad su origen y sexo, como factores que la inhabilitan para ejercer dicho liderazgo, algo a lo que la joven estudiante de antropología social y cultural, parece permanecer ajena, apoyándose para ello, en su envenenada dialéctica y en los dorados minutos que los mass media españoles, parecen de manera extraña empeñados en regalarle.

Haría mal la sociedad y las instituciones españolas, en minusvalorar la amenaza de una alternativa unificada de la ultraderecha en nuestro país. No debemos olvidar, que la mayoría de la derecha española, se integro en la democracia con el anhelo de mantener la paz y seguridad que en su fuero interno, todavía justifican el alzamiento de 1936 y la posterior dictadura franquista. Por ese mismo motivo, la violencia propia de movimientos ultraderechistas de carácter Skin Head o neonazi, se ha encontrado hasta el momento, con serias dificultades a la hora de lograr un soporte electoral firme. Queda por ver si una hipotética alternativa más adaptada a la nueva realidad de la ultraderecha europea, cimentada en la islamofobia y el rechazo frontal a la emigración, podrá ocupar su espacio, en un país en donde la derecha nunca ha renunciado definitivamente al recurso de la violencia, y en donde cada día, la derecha obrera, muestra más desencanto con una democracia a la que culpa de la acuciante perdida de valores y de poder adquisitivo de las clases medias y bajas.

Lucrecia Pérez, Hassan Al Yahami, Guillem Agulló, David Furones, Aitor Zabaleta, Carlos Palomino…nombres que ya no están entre nosotros, y que deben prevenirnos y hacer más presente que nunca, la verdadera cara de la ultraderecha española.

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Autor: @SeijoDani

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