Moción de censura, nos sobran los motivos

“Por las arrugas de mi voz
se filtra la desolación
de saber q éstos son
los últimos versos q te escribo,
para decir “con Dios” a los dos
nos sobran los motivos. “

Joaquin Sabina

Tras el tramabús, los continuos debates y declaraciones contra la corrupción como escaparate parlamentario y las peleas internas representadas en territorio enemigo, Unidos Podemos ha decidido dar un paso al frente anunciando la búsqueda de apoyos parlamentarios para iniciar una moción de censura contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy. En una estrategia política arriesgada, pero que algunos ya adelantaron, el partido de Pablo Iglesias sale al paso de los últimos escándalos de corrupción, para en un all in parlamentario, obligar a los demás grupos de la oposición a abandonar sus trincheras dialécticas y poner definitivamente sus cartas sobre la mesa.

Las grabaciones y documentación recopiladas en la operación Lezo han dejado al descubierto una nueva pieza de la elaborada trama de corrupción que extiende sus vínculos sobre el Partido Popular y que una vez se ha sentido acorralada ante la continua presión policial y judicial, no ha dudado ni por un instante en hacer uso de sus vínculos con el gobierno para obstaculizar  e intimidar en la medida de lo posible la acción del poder judicial. Un claro ejemplo de estos métodos los encontramos en las conversaciones recogidas en el sumario de esta operación en donde Ignacio González y Eduardo Zaplana con total naturalidad charlan acerca de apartar de la Audiencia Nacional a Eloy Velasco o de la posibilidad de influir desde el ejecutivo en el transcurrir de las decisiones judiciales que afectan a los casos de corrupción vinculados con el Partido Popular,  tales conversaciones suponen un paso más para depauperar el ya de por sí escaso bagaje democrático de unas instituciones que se encuentran inmersas en una espiral de corrupción que llega incluso a amenazar a los máximos representantes del estado. Ante la anomalía de un estado de excepción democrático por el saqueo del PP de las administraciones públicas y un comportamiento parásito de las instituciones el proponer una moción de censura en un país que desde la Transición, ha vivido únicamente dos situaciones similares; una contra Adolfo Suárez y otra contra Felipe González, ambas fracasadas, supone una actitud de responsabilidad política y moral y un desafío frente a aquellos que únicamente han utilizado los mecanismos del estado de derecho con el único fin de degradar los resortes democráticos del estado para lograr con ello obtener un beneficio económico ilícito con aparente impunidad.

No existe tiempo para estrategias electoralistas o una incesante algarabía de discursos parlamentarios huecos ante la corrupción sistémica y la amenaza directa a principios básicos como la vulneración de la división de poderes, la independencia judicial  o la libertad de expresión. La respuesta parlamentaria de aquellos que ocupan un cargo en representación de todos los españoles debe ser la de la defensa sin fisuras de la democracia y eso queridos lectores, es precisamente lo que hoy se ha pretendido lograr con una moción de censura que es utilizada como último recurso frente a un gobierno del Partido Popular que no solo ha evitado en todo momento su responsabilidad con la ciudadanía y sus representantes, sino que en numerosas ocasiones ha entorpecido de manera continuada la labor de la justicia con tácticas más propias del entorno mafioso que con las de una formación de gobierno.

Sin duda una vez más el Partido Popular utilizará en su defensa frente a la flagrante corrupción el argumento de los casos aislados y el respaldo electoral, defensa que podrían resultar válida en un entorno puramente democrático, pero que sin duda se queda coja en un país en donde el partido del gobierno se encuentra inmerso en un macrocaso de financiación ilegal y cuyo entorno empresarial, judicial y periodístico parecen trabajar al unísono en la construcción de un discurso electoral alternativo para la formación conservadora. No se trata como en otras ocasiones de dinamitar esa defensa porque el partido del gobierno haya llegado al poder incumpliendo una tras otra cada una de sus medidas, ni de que las democracias occidentales hayamos asumido como lógico un gobierno con elevadísimas tasas de abstención, sino que en el caso particular de España, los apuros del partido del gobierno por soterrar una flagrante corrupción que ahoga su día a día político socavan las premisas básicas de cualquier estado de derecho. No debería existir por tanto ningún temor para afirmar que el voto a un partido que ha financiado sus campañas electorales con la corrupción no es un voto válido, dado que la financiación ilegal en sí misma ha corrompido el proceso democrático despojándolo de validez.

Ante la moción de censura no existen más alternativas que el apoyo a la misma o el respaldo a las políticas y al ejecutivo del Partido Popular. No existen trincheras en donde reelaborar el discurso electoralista, ni más pseudoverdades que lanzar a los medios de comunicación con el único objetivo de calmar las aguas, Ciudadanos y el Partido Socialista se encuentran ahora ante la disyuntiva de posicionarse como parte de la solución o pasar a formar definitivamente parte del problema en el imaginario colectivo. La moción de censura tal y como se recoge en la constitución necesita al menos la firma de 35 parlamentarios para su presentación (con lo que podría salir adelante con la iniciativa única de Unidos Podemos) y el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados para su aprobación, es en ese punto en donde el voto de las que ahora se consideran formaciones del eje de oposición deberán definirse, con ello Unidos Podemos pretende poner fin a la estrategia política de quien públicamente crítica los casos de corrupción y el devenir político del Partido Popular, pero por el otro lado sostiene el gobierno de la formación conservadora con su respaldo parlamentario. 

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Los escenarios:

El golpe a la línea de flotación de Ciudadanos que supondría su negativa a participar en la moción de censura completa un proceso político dirigido a la más absoluta irrelevancia iniciado con el total incumplimiento por parte de Mariano Rajoy de unos acuerdos para la formación de gobierno que muchos hemos comenzado a dudar hayan existido en algún momento fuera de la imaginación del propio Rivera. Por su parte, un Partido Socialista inmerso las primarias únicamente se enfrenta a dos opciones: aceptar la moción de censura y recuperar el liderazgo de la oposición desde la formación de un gobierno alternativo o aceptar ceder la iniciativa en la oposición de Unidos Podemos, con lo que resultaría más rentable para Díaz comenzar a plantearse una futura formación de gobierno con los opositores.

Recuerda que como parte de la ley de memoria histórica y en recuerdo de la activista medioambiental Berta Cáceres, te agradeceríamos que dedicases un segundo a firmar esta petición para cambiar al recuerdo del fascismo de las calles de A Coruña, por el nombre de la activista medioambiental.

Desde DowJones te agradecemos tu colaboración.

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Papá, ¿por qué somos de derechas?

Con más de ochocientos imputados por corrupción y cerca de treinta casos en manos de los tribunales, uno no puede más que sorprenderse ante la imagen de un partido político hostigado por los casos de corrupción gobernando la quinta economía de Europa. El primer partido imputado en la historia de la democracia y cuyo presidente y actual jefe del Ejecutivo se verá obligado a declarar por su supuesta vinculación con un macrocaso de corrupción, ha llegado al poder no libre de culpa sino ya inmerso en una inmensa trama delictiva muy alejada de suponer un caso aislado de deshonestidad tal y como se nos quiso hacer creer, sino algo mucho más cercano a un modus operandi institucionalizado desde tiempos inmemoriales en las entrañas políticas y morales del propio partido. Quienes nunca perdonaron a los españoles haber vivido por encima de sus posibilidades y los mismos que con desparpajo pidieron una y otra vez a las clases proletarias un mayor esfuerzo como forma de expiación ante los “errores” cometidos durante el delirium tremens del crédito fácil y la ilusión de bonanza económica, han visto sin embargo como los pecados de prevaricación, asociación ilícita, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, entre tantos otros, les eran perdonados por una masa de votantes quizás hipnotizados por la maquinaría mediática y electoral del PP, quizás también infectados al igual que el partido al que confían su voto por la avaricia, la ira y la soberbia propia una concepción peculiar de lo que en realidad debe representar la marca España.

Después de todo, cuando uno se dispone a buscar las motivaciones de quién vota (con plena libertad o al menos creyéndose en plena posesión de la misma) al partido de la Gürtel, Púnica, Imelsa, Taula, Emarsa, Brugal, Alviasa, Palma Arena etc, son varios los planteamientos que se pueden pasar por la cabeza. Si bien en un primer momento uno podría pensar que se trata exclusivamente de una mezcolanza de personajes pudientes, fascistas remozados y fervorosos meapilas, las cuentas no parecen cuadrarnos atendiendo a los resultados electorales y mucho menos si como últimamente se estila en la nueva izquierda nos centramos en Twitter como referencia única para lograr tomar la pulsión política de la sociedad. Pese a que se hacen notar, no son tantos los fascistas ni los magnates que pueblan nuestro peculiar reino y la iglesia, la iglesia ya no es lo que era. Sus casos de corrupción y los abusos a menores son más sonados que sus homilías y por si Instagram o Mujeres y Hombres y Viceversa no suponían ya una seria competencia para hacer llegar sus mensajes, la aparición de un papa rojo ha hecho que nuestros obispos se centren en posiciones defensivas y en la tarea de no perder parte de su electorado más que en emprender grandes cruzadas ideológicas para captar votos. Tampoco nos ayuda a deshacer el cubo de rubik de la atracción electoral de la derecha el añadir a ésta suma otros tópicos del votante conservador como el de la edad avanzada, la incultura o la preeminencia del rural, puede que con estos factores las cifras de votantes empiecen a cuadrar en mayor medida, pero se nos plantea entonces la necesidad de dar respuesta al motivo por el que los jubilados, las capas populares de la población y un rural que está sufriendo en sus propias carnes un genocidio cultural y económico a manos de las grandes empresas capitalistas, pueden mostrarse capaces de entregar su voto a un partido que sin duda parece representar la viva imagen de gran parte de sus males.

La explicación no se encuentra en una derecha indocta como podría desprenderse de la lluvia de memes que invaden las redes sociales con cada victoria electoral del Partido Popular, ni en el radicalismo y razonamiento arcaico de un electorado que prefiere una España arruinada y perniciosa políticamente a verla en manos de los rojos. El oxigeno plebiscitario de los conservadores españoles se encuentra en sus redes clientelares, en los periodistas dispuestos a tapar sus corruptelas y a lanzar mierda contra todo lo que suponga una amenaza o perpetuar falsos mitos como el de la excelente gestión económica de la derecha, se encuentra también en en los organismos internacionales capaces de todo tipo de tropelías intervencionistas para lograr impedir alternativas políticas al eterno servilismo de la clase obrera y especialmente lo hallamos en una quinta columna mediática y política (Véase el tándem Cebrián González) aceptada y consentida por una nueva izquierda más empeñada en sacar autobuses a la calle o en perpetuarse en un discurso  desde la crítica que en cimentar nuevas redes comunicativas y políticas desde las que poder crear y dar voz a una nueva forma de hacer las cosas.

No basta con inundar las redes sociales en donde un sector ya mayoritariamente de izquierda se regodee con su conocimiento político e ironía digital, necesitamos presencia real en las fábricas, en los barrios, en los pueblos. No basta con acudir a circos políticos televisados en donde el debate se reduce a lo absurdo en un intento por lanzar píldoras electoralistas a espectadores que ya han renunciado a cualquier conclusión alejada del cómodo en el fondo son todos son iguales, pese a que algunos políticos se empeñen negarlo en medio de un eterno cruce de acusaciones, necesitamos nuestros propios medios de comunicación y necesitamos apoyarlos y trabajar con ellos. No basta con políticas de universitarios para obreros, ni con obreros votando a políticos profesionales, sino que necesitamos a obreros en los partidos al igual que necesitamos de nuevo a la política en las fábricas. No basta con un discurso hecho desde la crítica y el permanente foco sobre los errores del adversario, sino que necesitamos un discurso propio y una alternativa real al modelo económico y social que desde la derecha se nos propone con un capitalismo cada día más depredador. No basta con sentarse a pensar que el rural o los mayores son el problema y desde luego no basta con un autobús recorriendo las calles de España, para que deje de sorprendernos un pueblo capaz de votar a un partido acosado por la corrupción, quizás debamos darle a ese pueblo una alternativa en la que creer, una herramienta política con la que trabajar y no simplemente una papeleta distinta destinada a ser depositada en la misma urna de siempre.

“El capitalismo es un sistema construido sobre la corrupción, eso no quiere decir que en otros sistemas no haya personas corruptas, pero el capitalismo es un sistema corrupto en sí mismo.”

Luis Eduardo Aute

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“República, siempre República.”

No resulta fácil sentarse tantos años después, aún con las heridas abiertas, para tratar la represión  de una dictadura fascista que mato a tantos españoles y esclavizo y atemorizo a la inmensa mayoría. Resulta duro pararse a pensar durante un segundo en tantas personas que todavía hoy siguen sin saber donde están sus familiares y que en el mejor de los casos, si lo saben, todavía deben consolarse con depositar flores nuevas sobre viejas fosas y cunetas, que guardan celosamente con el silencio del perdedor, heridas de un pasado que el silencio no termina de cerrar. Personas cuyo único delito fue atreverse a pensar diferente, a revelarse contra las injusticias y exigir unos derechos a los que tú y yo dedicamos breves comentarios en nuestros muros virtuales mientras nos los arrebatan. Luchas la nuestra y la de ellos, tan diferentes, tan alejadas, hasta en eso los hemos olvidado.

Españoles asesinados por una dictadura levantada sobre el odio al progreso, al laicismo, a la igualdad entre hombres y mujeres, al reconocimiento de la diversidad cultural y política de los pueblos de España cristalizada en el Frente Popular y el Front d’Esquerres. Odio profundo a las luchas obreras y a un campesinado organizado para reclamar el derecho a una tierra que su trabajo les otorgaba, en definitiva, asesinados por un odio visceral a la participación política del pueblo que hizo de la II República. Un peligroso enemigo a batir para los que todavía hoy son los poderes tradicionales de España: El ejercito, los caciques y la Iglesia.

Resulta innecesario narrar una vez más en estas líneas  el triste final de aquella esperanzadora aventura que supuso la II República para una atrasada España, después de todo quién querría intentar convencer a quienes todavía hoy ven en el golpe de estado y en la lucha fratricida, una santa cruzada o un mal ineludible. A esos que ondean viejas banderas y nuevos odios al sol intentando desmantelar a una democracia que miserablemente por complicidad los ampara, una democracia con leyes para defender al dictador y a sus cachorros, mientras persigue a quienes simplemente  señalan su odio con humor, con demasiada paciencia.

Un sistema nacido del chantaje y de la amenaza del pacto o las armas, que no reparo a las víctimas, ni condeno a los asesinos y a sus cómplices. Una democracia cimentada desde su nacimiento con franquistas convertidos de la nada, en una operación de lavado de cara institucional, en grandes demócratas. Un sistema que hizo de los Suarez, Fraga o Juan Carlos grandes figuras de nuestra política, pero que nada supo o quiso saber de los más 114.000 repúblicanos que siguen sepultados en las cunetas y fosas comunes que siembran nuestro país. Entre ellos más de 20.000 repúblicanos asesinados y enterrados en un último acto de profundo desprecio póstumo junto a su asesino en el Valle de los caídos o de los más de 400.000 presos políticos obligados a realizar trabajos forzados para el gran empresariado español. Acto con lo que Franco y el régimen pagaron la inestimable ayuda que estos aportaron a su causa, los mismos que ahora siguen ejerciendo poder y han sido los verdaderos asesinos tras la mascarada del pequeño dictador y su santa cruzada.

De esta forma huérfana de tantos que dieron la vida por ella y subyugada y atenazada por aquellos que siempre la odiaron, nació la democracia en España. No es de extrañar entonces que tantos sintamos que nuestra bandera, que nuestras instituciones, no nos representa. No cuando todavía hoy siguen manchadas de la sangre de quienes realmente dieron su vida por ella.

Y de aquellos fangos, estos lodos. Lodos en los que nace y se desenvuelve todavía hoy la derecha española tan reacia a condenar la dictadura y la apología de la misma, pero empeñada en condenar y humillar en el eterno olvido a aquellos que dieron su vida por un gobierno legítimo. Legítimo pese a sus falacias, pese a las campañas destinadas a intentar reescribir la historia de manera directa con la asfixia presupuestaria de la memoria histórica o de manera indirecta manteniendo vivo el recuerdo de sus verdugos en nuestras calles. Una democracia no puede ser un lugar en donde se homenajea a los asesinos mientras se olvida a sus víctimas.

77 años después, siguen esperando en las cunetas tantos españoles un simple perdón. Hermanos, hijos  y puede que nietos que tendrán que ver como un país ciego se sigue negando a reconocer a la España de Franco como causante de uno de los grandes reinos del terror, un capitulo negro de la historia que por mucho prevalezca la voz del silencio, jamás podrá cerrarse hasta que se cicatrice la última de sus heridas.

Salud y República, no olvidamos.

no pasaran

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Carrero Blanco, ministro naval

“Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí”

Martin Niemoeller

La Audiencia Nacional acaba de condenar a un año de prisión y a siete de inhabilitación absoluta a la compañera Cassandra por 13 mensajes sobre el gerifalte franquista Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973. La Justicia española ha considerado que los mensajes lanzados por Cassandra en su cuenta de la red social Twitter suponen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a las personas que han sufrido el terrorismo y a sus familiares. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en una sentencia, fechada el martes 29 de marzo, abre así un peligroso precedente para una sociedad que dice considerarse democrática. El mismo país que durante años se ha llenado la boca con hipócritas discursos para exigir libertad de expresión en países como Venezuela o Ecuador, y que quiso hacer ver al mundo su solidaridad con Charlie Hebdo o su compromiso con Leopoldo López, es el que ahora cuarenta y cuatro años después de la muerte del último valuarte del franquismo, se permite arruinar el futuro inmediatro de una joven estudiante de historia por unos jocosos comentarios lanzados acerca del almirante y mano derecha del dictador franco.

La justicia que decidió no actuar ante las amenazas de muerte al Presidente de SOS Racismo Madrid Moha Gerehou, y que convive con el enaltecimiento del fascismo en un país en donde una dictadura de ese carácter provocó la más triste página de nuestra historia, condena a Cassandra a una pena de presión aludiendo a que su actuación “golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos” y “Supone una lesión a su dignidad humana”, una sentencia pretende de ese modo ocultar tras el discurso de la protección a las víctimas, un claro ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos de nuestro país o al menos a una gran parte de ellos.  Muy al contrario de lo que alega el tribunal, los comentarios realizados por Cassandra desde una cuenta de Twitter con apenas 15.000 seguidores no “producen perplejidad e indignación en la sociedad” sino que es el reproche penal ejercido sobre la tuitera, lo que alarma a una sociedad que ve como las barreras a su libertad de expresión ya avanzan en España a pasos agigantados.

En un país en donde se llega a sancionar a quién osa alertar ante el abuso de poder de las autoridades, se persiguen el publicar filtraciones pese a la efectividad demostrada por la prensa en ese campo frente a la corrupción (o precisamente por ese motivo) y se ponen serias trabas al derecho a huelga de los trabajadores, la persecución al humor y la ironía de esta sentencia se debe enmarcar en el contexto de una cruzada moral que en la actualidad cae del lado de los postulados de una derecha de insulto fácil y escasas disculpas, que sigue marcando la agenda del discurso de este país frente a una izquierda siempre a remolque de los acontecimientos.

Cassandra suma su nombre a los de César StrawberryBeñat Lasa FernándezValtonyc o Pablo Hásel entre tantos otros (capítulo a parte merecería la triste y delirante Operación Araña) que han pagado con penas de cárcel o sanciones económicas, el ejercer su libertad de expresión en lo que muchos todavía consideran una democracia plena. Nos arrebatan la justicia al igual que lo hacen con la sanidad o la educación, poco a poco, de forma paulatina y comenzando siempre su ataque por los más indefensos, por los desarraigados del sistema, aquellos que se salen del rebaño del pensamiento único implantado por los mass media, y se atreven a pensar por sí mismos, pero también por los más desfavorecidos económicamente, aquellos que no parecen importarle a nadie, y que carecen de cualquier tipo de recurso para hacer valer sus derechos. No terminamos de comprender que se trata tan solo de los primeros pasos de una empresa mucho mayor, una escalada en el recorte a nuestros derechos fundamentales que poco a poco, ya no transigirá ningún derecho a replica.

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Una paz sin diálogo

8 abril de 2017 una fecha llamada a marcar la historia de nuestro país. Jean-Noel Etcheverry fundador de la agrupación ecologista Bizi! y detenido el pasado 16 de diciembre por su supuesta vinculación a la organización terrorista ETA, ha señalado ante la opinión pública esa fecha como la del último paso previo para encarar la total disolución del movimiento terrorista vasco Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad).

Un paso más en una hoja de ruta hacia la paz, en el que la postura del gobierno español ha sido la del inmovilismo durante estos últimos cinco años sin violencia. Una línea de actuación atrincherada en la negativa a asumir cualquier tipo de responsabilidad en la mesa de negociación, y en las sucesivas actuaciones policiales que en medio de un proceso de paz, parecen más encaminadas a dinamitar a la sociedad civil abertzale que a facilitar el camino para la total disolución de la organización terrorista. Un proceso que se afianzada únicamente en una sociedad civil que sigue firme al mando del mismo, pese a las continuas negativas de los gobiernos español y francés para erigirse como interlocutores ante la organización terrorista ETA.

Curiosamente, quienes durante décadas no dudaron en modular sus discursos o en tomar asiento en primitivas negociaciones ante los asesinos prometiendo “generosidad, mano tendida y espíritu abierto”, hoy son los mismos que muestran una incomprensible pero tajante negativa ante la perspectiva de asumir el cometido de quién en un proceso de paz tiene el deber de representar a un estado con un conflicto armado dentro de sus fronteras. Desde el decimoquinto congreso del Partido Popular Vasco, Mariano Rajoy hacía mención al comunicado de ETA, poniendo de nuevo el acento de su discurso en la negativa del gobierno español a entablar cualquier tipo de diálogo con la organización terrorista, y señalando la persecución policial como la única decisión política capaz de poner fin al conflicto “Esta posición que mantenemos nosotros es la justa, la democrática, la que preserva la dignidad de las víctimas del terrorismo y, por si a alguno no le llegaran esos argumentos, es también como el tiempo está encargando de demostrar, la mas eficaz para la disolución definitiva de ETA. Es es lo que tengo que decir sobre esto”  Una vía la de la negativa al diálogo que utiliza la voz de las víctimas para justificar una decisión exclusivamente política, y que no parece encontrar justificación en una sociedad vasca profundamente comprometida con la normalización de la convivencia política y social de un pueblo,  que todavía hoy arrastra profundas cicatrices fruto de la violencia.

Cinco años después de que ETA anunciase en un comunicado de apenas dos minutos y medio el “cese definitivo de la actividad armada” sin condiciones, el último conflicto armado de Europa continua incomprensiblemente estancado entre la pasividad gubernamental, y la desesperada intentona por parte de los terroristas para edulcorar la derrota como una última vía de expiación, para quienes años después al fin parecen percatarse de lo absurdo e innecesario de todo el dolor provocado. Un dolor reflejado en las 849 víctimas mortales por los atentados de la banda terrorista, en los presos, en los torturados, pero también en las familias y en la impotencia de todos aquellos que durante décadas, han visto como la amenaza de las armas frustraba cualquier esfuerzo de debate en Euskadi.

Con el desarme de ETA, el fin de la violencia terrorista en nuestro país se dibuja como una realidad inevitable cercana, pero haría mal el estado al confundir la disolución de la banda terrorista con el final del propio conflicto vasco. La inexistencia de una hoja de ruta consensuada y un futuro desarme que todo indica no podrá producirse de forma verificada y ordenada, por la negativa del gobierno español a erigirse como interlocutor en el proceso de paz, suponen una nefasta señal para el futuro de una sociedad en donde las heridas abiertas son numerosas, y todavía son muchos los que en uno y otro bando parecen mostrarse incapaces de sobrevivir al cambio de mentalidad para una convivencia sin tensiones. El diálogo resulta más importante que nunca, cuando se hace patente que son muchas las cicatrices que sobrevivirán a la banda terrorista. El estado debe encontrarse hoy al lado de una sociedad civil que no puede sumar al dolor de los muertos, el peso de construir la paz en solitario. 

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Nuestro derecho al cannabis

Por Daniel Seijo

Uruguay, Holanda, México, Brasil, Puerto Rico, Israel, Jamaica, Portugal, Croacia, República Checa, Canadá, Irlanda, Corea del Norte, Dinamarca e incluso numerosos estados de Estados Unidos. El cannabis la droga ilegal más consumida del mundo, comienza a abrirse paso en numerosos países que cuentan ya o planean incorporar a su legislación alguna forma legal de consentimiento para su producción o consumo.

El debate sobre la legalización se encuentra entre las grandes asignaturas globales pendientes desde hace décadas. Resulta sorprendente comprobar como en un sistema en donde los valores del individualismo y el consumo son exaltados por encima de cualquier otra idiosincrasia, la política prohibicionista llevada a cabo por los estados ha logrado imponerse culturalmente sin que haya existido a penas un debate público serio sobre sus posibles consecuencias. En la actualidad la práctica totalidad de los estados poseen algún tipo de legislación que restringe el cultivo, consumo o comercialización del cannabis, pero han sido pocos los gobiernos que han optado por encontrar una alternativa legal capaz de superar los efectos negativos producto del prohibicionismo y menos aún, los que han encarado un debate social que de voz a la ciudadanía que supondría la auténtica respuesta  sobre el derecho a las drogas.

El cannabis está catalogado por la Drug Enforcement Administration estadounidense con la Clasificación I, considerada como una droga peligrosa sin ningún beneficio médico válido, lo mismo que la heroína, LSD y PCP. Una medida drástica tomada a pesar de que a lo largo del tiempo, numerosos de los estudios científicossociológicos en los que se respaldan los organismos prohibicionistas para tomar una medida tan radical como la ilegalización, han sido en numerosas ocasiones refutados por investigaciones con mucho menor apoyo económico e institucional. En la actualidad la política prohibicionista para las drogas, permanece vigente en nuestra sociedad, sustentada primordialmente en conceptos tan alejados del debate racional como la moralidad o el paternalismo, una cruzada global contra las drogas que ha pasado a convertirse  en una de las mayores imposiciones morales de nuestro tiempo.

El cannabis resulta de lejos la droga más cultivada, traficada y consumida ilícitamente en nuestro planeta con cerca de 147 millones de consumidores anuales (el 2,5% de la población mundial) que fruto de la ilegalización se encuentran ante un contexto de total desinformación en donde la táctica del miedo y la persecución policial ha proscrito la producción y el consumo del cannabis al mercado negro. El cáñamo, una de las sustancias más utilizadas en la farmacopea tradicional desde la Edad Media hasta el siglo XX, se ve así sometido a una cruzada política y legal que si bien nunca ha conseguido el objetivo de disminuir el número de consumidores, sí ha provocado un efecto perverso cuando se trata del uso de drogas, el de la total ignorancia sobre los posibles efectos del cannabis y la total dependencia del mercado negro para abastecerse.

Mientras continua la pasividad ante la persecución a una sustancia que al contrario que el alcohol, la comida basura o el tabaco, nunca ha registrado casos de muertes directamente achacadas a su consumo. El uso medicinal del cannabis, que se rememora miles de años atrás a través de numerosas culturas, continua en nuestro siglo vedado a la investigación impidiendo el desarrollo de proyectos encaminados a paliar síntomas como las náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia, el dolor y la espasticidad muscular en personas con VIH/SIDA o el dolor crónico. Si bien la moralidad ha jugado un papel primordial en la ilegalización del cannabis, algo ilógico pero asumido cuando se trata de su uso lúdico, cuando de lo que se trata es de permitir su uso medicinal para intentar paliar las dolencias de numerosos pacientes, el razonamiento científico debe sin duda suponer el espejo en donde se mire la legislación en cualquier sociedad, en donde la santa inquisición hace tiempo que haya desaparecido.

La expansión de la conciencia y al uso recreativo del cannabis supone sin duda un reto para una sociedad apenas acostumbrada al libre consumo de drogas, pero décadas después, el fracaso de las políticas prohibicionistas ponen de manifiesto la necesidad de un debate en donde la sociedad pueda decidir finalmente acerca de su derecho legal al consumo del cannabis. La legalización supondría para nuestra sociedad el más primigenio desafío de la pachamama al reino de las recetas químicas y el control absoluto de la conciencia por parte de las farmacéuticas.

“La sustancia no prohibida está regulada, como es el caso del alcohol etílico. Ahora bien, cuando se prohíbe, se generan casos como el periodo de la ley seca en Estados Unidos, que provocó que se distribuyese alcohol metílico, causante de miles de muertes y casos de ceguera. La diferencia no estriba en que una sustancia sea o no asequible. Una sustancia prohibida como la marihuana o el hachís nunca deja de ser asequible para la masa de consumidores.”

Antonio Escohotado

cannabisRecuerda que como parte de la ley de memoria histórica y en recuerdo de la activista medioambiental Berta Cáceres,te agradeceríamos que dedicases un segundo a firmar esta petición para cambiar al recuerdo del fascismo de las calles de A Coruña,por el nombre de la activista medioambiental.

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“Yo destapé la trama Gürtel.”

Es probable que existan pocos personalidades en nuestra política nacional como Esperanza Aguirre. Toda una grande de España al servicio de su propia figura, un ego insuperable y una carrera política que pese a contar con numerosas batallas ganadas en su camino a la gloria, pocos se atreverían a estas alturas a definirla de otra manera que no fuese la de la más absoluta derrota, la de la soledad.

El 10 de junio de 2003, el poder de la Comunidad de Madrid llegaba a manos de Esperanza Aguirre fruto del Tamallazo. Una de las traiciones más sonadas de nuestra historia política llevada a cabo por Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, ambos parlamentarios en las listas del Partido Socialista madrileño que con su desbandada dejaban en manos del Partido Popular de Esperanza Aguirre un cargo político que ésta utilizaría desde ese preciso instante, para emprender una campaña de promoción personal y adoctrinamiento ideológico neoliberal de la población, financiado en numerosas ocasiones con fondos públicos, que a lo largo del tiempo convertirían a la Comunidad de Madrid en una plataforma desde la que la propia Esperanza Aguirre libraría sus batallas políticas, dentro y fuera de su partido.

Un poder y un ego ilimitados han sido los pilares sobre los que se ha construido una carrera política que a la propia Esperanza Aguirre le gusta recordar como consolidada año tras año en forma de mayorías absolutas, pero que esconde una cara menos grata para su figura política, una cara conformada por el control mediático absoluto de Telemadrid, el espionaje político en el seno del Partido Popular madrileño, la lucha despiadada por la privatización de los servicios públicos de todos los ciudadanos, y especialmente una cara B  en forma de corrupción y dopping electoral que utilizó donaciones de empresarios para adulterar durante años las elecciones madrileñas. El paso del tiempo parece demostrar que el respaldo electoral al que la baronesa siempre ha aludido para justificar sus actuaciones políticas, no parece tener mayor validez moral que los récords conseguidos por la atleta Marta Dominguez.

La historia de Esperanza Aguirre es la historia de una bestia política que siempre ha visto como su ambición superaba con creces a su talento, quién ha visto como sus asaltos al poder del Partido Popular han fracasado ante la falta de apoyos dentro de su propio partido y que parece, finalmente tendrá que conformarse con ver como su carrera política y su poder se diluyen entre los pulsos políticos perdidos, el acenso de las nuevas generaciones de su partido y los escándalos políticos y personales que hacen de la figura de quién siempre quiso considerarse la Margaret Thatcher española, algo más parecido al auge y caída de personajes como Rita Barberá o Ignacio González.

La corrupción parece ser, finalmente, la encargada de dar la última estocada a la vida política de Esperazna Aguirre. Rodeada en lo que hasta ahora parecía una atalaya moral ante las distintas tramas de corrupción de la Comunidad de Madrid, las informaciones que apuntan a la existencia de una caja B, que en la época de su gobierno financiaban a través de Fundescam los gastos electorales de su partido, con donaciones provenientes de de empresarios investigados en las tramas Gürtel y Púnica. La acción de la justicia pone bajo la lupa, no solo la financiación de la campaña electoral que concluiría con el Tamayazo, sino también los grandes proyectos de la época del partido Popular en Madrid. Proyectos como el plan de infraestructuras sanitarias y la construcción de seis hospitales, el proyecto de la Ciudad de la Justicia o la ampliación de las líneas del metro, pilares hasta ahora en el recuerdo de la gestión del Partido Popular madrileño, se encuentran años después investigados por posibles adjudicaciones irregulares en las fiestas de inauguración y en las partidas de publicidad asignadas para patrocinar dichos proyectos.

Quién dijo ser la principal víctima de la corrupción madrileña, y dejó escapar la oportunidad de abandonar definitivamente la política activa al dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, en lo que parecía ser un último movimiento inteligente encaminado a evitar el acoso de la justicia, se encuentra una vez más a los pies de los caballos, ante los numerosos casos de corrupción que salpican su etapa de gobierno. Esperanza Aguirre, optó como los viejos rockeros por retirarse con un último y eterno espectáculo que dignificase su figura ante las cámaras. Pero de nuevo, la ambición de la baronesa, parece haber superado a su talento.

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Recuerda que como parte de la ley de memoria histórica y en recuerdo de la activista medioambiental Berta Cáceres,te agradeceríamos que dedicases un segundo a firmar esta petición para cambiar al recuerdo del fascismo de las calles de A Coruña,por el nombre de la activista medioambiental.

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Feminismo o barbarie

feminismo

1. m. Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres.

No existe una alternativa al feminismo, que no sea la de la opresión a la mujer. La de una mundo patriarcal, en donde la dominación de la sociedad por un sexo; el masculino, se cimenta sobre la represión y la barbarie, contra la libertad individual y colectiva de las mujeres. La única alternativa al feminismo, supone aceptar el machismo. Un sometimiento de género, dibujado culturalmente en la subordinación cultural y productiva, el adoctrinamiento educativo o en el propio ocio; pero también, en  las violaciones grupales, la trata de blancas o el matrimonio infantil. Una triste realidad, la de la desigualdad y la violencia, que día a día, limita el desarrollo personal y profesional, de mujeres alrededor de todo el mundo.

Para una sociedad como la española, en donde la violencia patriarcal; todavía hoy, continua acrecentando un reguero de sangre, fruto de la parálisis institucional y la escaso calado de las iniciativas sociales, no pueden existir excusas para no encarar de forma definitiva, una revolución, en en la forma de entender la relación entre sexos. Resulta no solo necesario, sino exigible, una mayor dotación económica para políticas de género. De igual modo, resulta apremiante, la implantación de una nueva ley educativa, que determine y promueva, una línea de actuación para fomentar los valores de libertad productiva, sexual y reproductiva  para todas las mujeres. Para una democracia avanzada, una educación a la altura; en materia de género, sin duda debe representar, la mejor solución ante las problemáticas, presentes en nuestras sociedades, fruto de la estructura patriarcal. La situación, es ya insostenible, humana y políticamente. Basta ya de coacciones y debates reaccionarios, propugnados desde los sectores eclesiásticos más arcaicos y apoyados políticamente, por los últimos bastiones del franquismo sociológico. No existe un colectivo que haya aguantado tanto sufrimiento como el de las mujeres, no existe un colectivo que haya soportado tanta discriminación en silencio; y nunca más, esa será la respuesta ante el machismo y su violencia.

El 8 de marzo, las calles de nuestras ciudades, se llenarán con gritos de justicia, solidaridad y especialmente, gritos que reclamen, de una vez por todas, la implementación de una igualdad real. No se trata de odio, ni de libertinaje, como muchos quieren hacer ver. El libertinaje, como tantos otros aspectos que desde el tradicionalismo patrio, se quieren relacionar con la emancipación de la mujer, no guarda relación alguna con el feminismo. No, al menos, en mayor medida de la que podría guardar con el mundo de los hombres. Es hora de poner fin a estereotipos simplones y rancios, fruto de las mismas voces que en ya en la guerra civil, tildaban de putas o zorras, a aquellas mujeres que en muchas ocasiones; incluso con el fusil en la mano, se atrevieron a levantar su voz, para reclamar sus derechos en un mundo todavía en aquel momento, exclusivamente de hombres.

Si algo caracteriza al feminismo, es la lucha por la igualdad, la solidaridad y la búsqueda de la libertad individual que capacite a las mujeres de las herramientas necesarios, para lograr una toma de decisiones libres, en campos como la sexualidad, la maternidad o la vida laboral y política. El feminismo, supone la mayor expresión de responsabilidad de una sociedad y unos individuos, que de una vez por todas, se comprometen a la supresión de la distinción de géneros, como una medida de sometimiento sexual, laboral o de cualquier otro tipo. La distinción sexual, no debe otorgar ningún derecho sobre las personas. Nuestro pene, no nos otorga ningún puñetero derecho sobre la mujer. Si en pleno siglo XXI, las calles deben volver a llenarse para recordarlo, así será.

La libertad sexual, la libertad reproductiva, los derechos laborales y especialmente el derecho a la vida. Son nuevamente, las banderas que el 8 de marzo, todo el colectivo feminista, mujeres y hombres; codo con codo, enarbolaremos una vez más, frente a aquellos que quieren hacer de la imposición sexual su derecho.

Este miércoles, recordaremos a Susan B. Anthony y al movimiento sufragista, Sojourner Truth y la lucha por los derechos civiles, Simone de Beauvoir y  su Segundo Sexo, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Emilia Pardo Bazan, Rosalia de Castro, Frida Kahlo…figuras de mujeres que lucharon e hicieron posible, que en un mundo de hombres, la voz del feminismo, se elevase por encima de una sociedad profundamente machista. Pagando, en numerosas ocasiones, un precio demasiado alto para una persona, pero nunca para todo un colectivo. A aquellas voces, hoy se suman, las de mujeres como Rosa Cobo, Petra Collins, Emma Watson, Bell Hooks y tantas otras compañeras, que de manera pública o anónima no tienen miedo a dar un paso al frente para gritar basta. Basta de una sociedad y un mundo, en donde, sobre la mujer recae el peso del cuidado de la familia desde su más tierna infancia, hasta la muerte; y en donde esa labor, es vista en numerosas ocasiones, como una barrera a la hora de desarrollar su actividad profesional. Basta de impunidad ante los continuas vejaciones a la mujer vertidas desde las instituciones que dicen representarnos a todos y basta ya, sin más dilación de asesinatos. No podemos esperar más por la política, no podemos respetar sus tiempos, ni esperanzarnos ante promesas que nunca terminan de llegar. Son ya demasiadas las que faltan cada 8 de marzo, demasiado dolor, demasiada injusticia y demasiada rabia. Si el parlamento no puede poner fin a la barbarie, tendrán que ser las calles las que lo hagan. Ni una muerte más, ni una mujer menos por el terrorismo machista. Ningún país, puede considerarse democrático, mientras sus mujeres mueren por el simple hecho de ser mujeres.

No hace falta ser mujer para ser feminista, pero si resulta necesario que los hombres sean feministas, para que al fin las mujeres puedan llegar a ser libres. Este 8 de marzo, el feminismo tienen que volver a ser radical, sin miedo, sin ambages, sin pudor. Cuando te están matando, cuando las cadenas reprimen tu vida laboral, tu sexualidad, tu ocio, tu futuro…es hora de volver a reivindicar el papel de la mujer, es hora de una vez por todas, de librar la batalla más antigua de todas las revoluciones sociales.

“La construcción patriarcal de la diferencia entre la masculinidad y la feminidad es la diferencia política entre la libertad y el sometimiento”

Carole Pateman

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Justicia y poder, en tu casa o en la mía

Media hora ha bastado, para que Iñaki Urdangarin, se libre de momento de la cárcel. A la espera de lo que decida el supremo, el tribunal del caso Nóos, finalmente, ha hecho caso omiso de la petición del Fiscal Anticorrupción, que pretendía imponer al acusado, una libertad bajo fianza de 200.000 euros; y por ello, el yerno del rey, tan solo deberá cumplir, el requisito de comparecer una vez al mes, ante la autoridad judicial de Ginebra, en donde el que fuera Duque de Palma, tienen actualmente su vivienda. Eso sí, en caso de realizar un desplazamiento a la nieve, un acto público o alguna de las tareas a las que suele dedicar su tiempo el entorno de la casa real; siempre subvencionados por los españoles, Don Iñaki, tendría que comunicárselo al tribunal. Supongo que lo de las pulseras electrónicas en los tobillos, ademas de ser algo demasiado americano, podría restar glamour, en los actos propios de la alta sociedad.

Con esta decisión, la Audiencia de Palma, probablemente sin que esa sea su intención, rompe con el pacto de la transición. Un pacto que se ha roto, por la desfachatez continuada de la corona y la avaricia de un régimen político corrupto, amordazado por ese juego de poder y popularidad en el que se ha terminando convirtiendo, una democracia, únicamente reconocible durante escasas horas cada cuatro años.

Si bien la Fiscalía, pedía inicialmente, para el yerno del rey, una condena de 19,5 años de reclusión y Manos Limpias solicitaba una pena mayor de 26,5 años, por los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad  y blanqueo de capitales. Finalmente, la pena de 6 años y 3 meses, a los que ha sido condenado Iñaki Urdangarin, lejos de ser vista como sentencia ridícula por los delitos cometidos, enseguida ha sido utilizada por sectores próximos a la corona, para crear un discurso que pretendía convencer a la opinión pública, de que la sentencia había sido ejemplarizante, pero que esta, no debía justificar el ingreso en prisión de un padre de familia, y no un padre de familia cualquiera, sino de una familia de cierta sangre azul (Sinceramente, desconozco como funciona la gama cromática cuando la realeza se mezcla con el populacho, especialmente, cuando la parte del populacho, termina siendo black).

Reconoce el tribunal en su sentencia, que Don Iñaki, utilizó su “privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del Estado”, para ejercer “presión moral” e influir así, en la voluntad de las autoridades de Baleares, con el fin de conseguir contratos irregulares que le reportaron importantes beneficios económicos. Pero a continuación, creo que no en su mejor reflexión, argumenta la no imposición de prisión provisional, por el efecto disuasorio que ejerce una escolta policial; pagada por todos los españoles, y el arraigo familiar, social y laboral en territorio nacional del acusado. Todo ello, pese a las prisas mostradas por la infanta Cristina; su mujer, para no volver a pisar España una vez finalizase el proceso judicial. Cabe interpretar, para un observador no inmerso en los procesos judiciales, como el que aquí escribe, y atendiendo solo a la sentencia y a su desarrollo argumentativo, que la propia pertenencia de Iñaki Urdangarin a un entorno familiar estructurado y ciertamente privilegiado, supone un atenuante que juega a su favor, a la hora de evitar momentáneamente su ingreso en prisión, como sí sucede a diario con otros acusados del ámbito del delito menor, los llamados roba gallinas. Un entorno familiar, el de Don Iñaki, que le sirve a este, para evitar su entrada en prisión, al igual que previamente le sirvió para llevar a cabo sus fechorias financieras. Utilizando el peso que otorga la corona, ante políticos y empresarios, para lograr vaciar las arcas, que en muchas ocasiones, beben directamente de los impuestos de los ciudadanos.

Sentencias como las que nos ocupan, lejos de levantar sospechas, sobre si su procedimiento se ajusta a derecho o no, deberían ir más allá, sembrando en el ciudadano medio, una profunda desconfianza, hacía un sistema judicial y una justicia, dispar por naturaleza. Una justicia, heredera de un régimen del 78, nacido en una eterna crisis democrática, que todavía hoy, atenaza el desarrollo de una verdadera base social crítica, que permita el ejercicio de un modelo político, alejado del despotismo ilustrado disfrazado de democracia, al que actualmente asistimos; en una España, en donde la separación de poderes, se diluye cuando resulta necesario, y las presiones o directamente, las purgas entre los fiscales discolos,  funcionan como aviso a navegantes, cuando el poder se siente amenazado. La sentencia judicial, y la decisión de permitir al yerno del rey, conservar momentaneamente su libertar, puede ajustarse a la ley, pero lo hace a una ley creada por una clase privilegiada, para responder en último caso, a las necesidades de esa misma clase social. No deberíamos olvidar, que al igual que tantas otras instituciones en nuestro país, el sistema judicial imperante actualmente en España, es una herencia de las estructuras de poder franquistas. En su foro interno, nuestro sistema de justicia se torna ficticio, cuando pretende hacer un hecho, aquello de ser igual para todos los españoles. Es entonces, cuando descubrimos que como el derecho a la vivienda o al trabajo, tras tan grandilocuentes palabras, se esconde poco más que un enunciado  sugerente, pero meramente ornamental.

En un país en donde gente entra en prisión por robar una bicicleta; y no precisamente una Specialized Tricross por si alguien lo dudaba, por canciones, por obras de teatro, por manifestaciones, huelgas o por el simple hecho de pedir la independencia de lo que ellos consideran, como sus respectivas naciones. La sentencia, y el posterior trato a Iñaki Urdangarin, resulta especialmente denigrante, para una población en la que ahora reside, la responsabilidad de volver a llenar las calles o seguir aguantando el chaparrón. Si algo parece claro, a tenor de las reacciones que desde la derecha recibimos ante estas sentencias, y a los primeros meses de la nueva legislatura de Mariano Rajoy, es que si la población no reacciona, si no planta cara ante la desfachatez mostrada por un sistema que cada día se muestra más desenmascarado en sus obediencias, el caso Nóos, será tan solo el primero de una larga lista de sentencias con la que los corruptos, verán finalmente legitimados sus actos.

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 Autor: @SeijoDani

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¡La impunidad ha muerto¡ ¡Viva la República!

“El Rey es tan Jefe de Estado como soy yo. Sólo que yo he sido electo tres veces con 63 por ciento. Somos iguales, Jefes de Estado igual. Somos tan Jefes de Estado el indio Evo Morales como el rey Juan Carlos de Borbón y yo”

Hugo Chávez

Seguramente, poco podría imaginarse; en aquel verano de 2010, el fiscal Pedro Horrach, que entre la amalgama de documentos que recibía en su despacho, que en mayor o menor medida guardaban relación con el caso Palma Arena, se encontraban ocho folios, remitidos por la fundación  Illesport, que iban a destapar el mayor caso de corrupción de la monarquía española. El caso del Instituto Nóos, de Diego Torres, de Iñaki Urdangarin. Pero especialmente, un caso que terminaría, con toda una infanta de España, sentada en el banquillo de los acusados.

Un caso de adjudicaciones amañadas, de trabajos ficticios, precios desproporcionados y un desmedido ánimo de lucro, que llevaría a Don Iñaki y al que por aquel entonces era su socio Diego Torres, ha embolsarse cerca 4,5 millones de euros, por un trabajo, en el que el peso de la participación del yerno del rey, resultaba clave, para garantizar un flujo de dinero constante, cuya procedencia principal era la de las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Nóos, supuso un entramado fraudulento, en el que los 18 acusados, terminaron sucumbiendo ante la tentación de asociarse con la imagen de la casa real, pese a las escandalosas irregularidades necesarias para ello.

El salto a la palestra del caso Nóos, supuso para la casa real española, encarar, la investigación y el posterior juicio, que terminaría por debilitar para siempre, esa imagen cándida y campechana de una monarquía, que en medio de una crisis sin precedentes para sus súbditos, se posicionaba claramente del lado de los que de una forma u otra, se habían aprovechado para su beneficio económico, de un sistema, del que la corona siempre se había congratulado de ayudar a crear. Con Aizoon SL bajo sospecha (Una sociedad compartida al 50% por Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina) la justicia, ponía en la picota, a una monarquía, aparentemente, vinculada a un caso de corrupción política, en el que el peso de la institución, había sido utilizado como si de una mera marca comercial más se tratase.

La investigación, logró demostrar, de manera clara, el funcionamiento del entramado de empresas y sociedades pantalla; que Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, habían levantado, con el objetivo de hacer desaparecer para la Hacienda pública, el dinero fruto de la corrupción en sus actividades. Ante la imposibilidad de negar los claros indicios que apuntaban a Iñaki Urdangarin, no se tardo demasiado desde la casa real, en tomar la decisión de convertir, al yerno del rey, en la última barrera de defensa de la monarquía. Una estrategia, en la que se invirtieron numerosos recursos, y cuyo único objetivo, era el de intentar evitar  que la investigación, pudiese salpicar en mayor medida a la propia monarquía. No en vano, el caso Nóos, amenazaba en aquel momento, con afectar de manera directa a la hija del por aquel entonces rey de España. En un ambiente, en el que objetivo de todos los focos, se encontraba precisamente, en lograr demostrar, la posible implicación de la infanta Cristina, con los negocios de su marido. Algo, que a tenor de la sentencia final del caso, ha resultado; por un motivo o por otro, imposible para la acusación .

Con un sonoro murmullo político de fondo, y una fiscalía que en ocasiones ha bordeado una línea de actuación, más propia de la defensa de la infanta Cristina. La justicia, se ha mostrado incapaz, pese a los claros indicios, de demostrar la participación de Cristina de Borbón, como cooperadora necesaria en el delito fiscal cometido por su marido. Delito, que ha sido el único por el que doña Cristina, ha terminado sentada finalmente en el banquillo. No así, por los delitos de malversación, prevaricación o falsedades. Cabe recordar, que legalmente, la infanta, nunca ha tenido obligación alguna de denunciar a su marido, pese a que pudiese haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas realizadas por el mismo. No cabría por tanto, pese al revuelo informativo, exigir responsabilidades en ese sentido, más allá de las que se le pudieran reclamar moral y socialmente a un miembro de la familia real que dice representar al conjunto de los españoles.

Parece obvio, a tenor del elevado tren de vida de la pareja, que Doña Cristina, sí debió de reconocer en su día a día, claros indicios de la extraña actividad económica de su marido. Del mismo modo, que la capacidad de la infanta para disponer de los fondos de Aizoon, en donde se depositaban los beneficios fraudulentos de don Iñaki, apuntan de una manera clara, a una cierta responsabilidad en toda la trama, por parte de la hermana del actual rey. Una responsabilidad, que los correos destapados por  Diego Torres, extienden a su vez a nuevos ámbitos de la corona, dejando entrever, un claro conocimiento por parte del entorno de casa real, acerca de las actividades de Iñaki Urdangarin. Conocimiento, que desmonta totalmente, la fachada de una monarquía sorprendida por los tejemanejes del que hasta aquel entonces parecía el yerno ideal. La figura de Carlos García Revenga, secretario de las infantas, supone sin duda, uno de los vínculos claros entre la casa real y don Iñaki Urdangarin. El propio rey emérito, se vería salpicado por los mensajes destapados por Diego Torres, en donde las conversaciones con Corinna Sayn-Wittgenstein; supuesta amante del don Juan Carlos, parecen apuntar de manera directa a la aparente participación del rey en los negocios de don Iñaki Urdangarín, al menos como la figura, que nunca impidió que su nombre, y la reputación de la corona, fuese puesta al servicio de todo el entramado corrupto.

Con la absolución de Cristina de Borbón y la condena a Iñaki Urdangarin a un total de 6 años y 3 meses, la monarquía se encuentra ante la necesidad de hacer del marido de la infanta, un caso ejemplarizante, que evite; si todavía resulta posible, la sensación de la existencia de un justicia de dos sensibilidades, y dos velocidades en España.

Más allá de las sentencias judiciales y las responsabilidades penales, el proceso del caso Nóos, ha terminado destapando una dura realidad, para todos aquellos, que hasta hoy, creían en el sentido de una monarquía al servicio de los españoles. Las presiones ejercidas, en el entorno judicial y mediático, con la clara intencionalidad de alejar en la medida de lo posible a la infanta de las responsabilidades judiciales, han evidenciado a una corona muy alejada de los modelos de transparencia que desde la población se han venido exigiendo, ante el hartazgo de una corrupción ya endémica en el país. La corona, ha terminado de mostrarse al pueblo, como una institución, incapaz de reconocer sus propios errores. Un ente independiente del devenir democrático de nuestro país, incapaz de acomodarse a los cambios sociales pertinentes, al encontrarse totalmente inmersa en la firme tarea de apuntalar su propia supervivencia. Quién sabe, si por inoperancia o por mera impotencia, ante los posibles escándalos que una lupa parlamentaria podría hacer saltar a la opinión pública. La actuación de la casa real, ha continuado en una línea aislacionista, intentando dirimir en un proceso interno de reprimendas reales, lo que debería haberse convertido, en una clara oportunidad, para demostrar que ni tan siquiera la corona debe escaparse al ejercicio de la justicia.

El caso Nóos, nos deja a una infanta, absuelta por su supuesta ignorancia personal y política, y a todo un cuñado del actual rey de España, condenado por corrupción. Todo ello, parece gestar una extraña sensación propia del inicio del fin de un ciclo. ¡La impunidad ha muerto¡ ¡Viva la República!

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Autor: @SeijoDani

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