Venezuela, madurez revolucionaria

Más de ocho millones de venezolanos han ejercido su derecho a voto en las constituyentes celebradas el pasado domingo en el país, todo ello pese al alarmismo internacional, la manipulación mediática y los focos de violencia que la oposición ha mantenido durante toda la jornada, como parte fundamental de su estrategia de boicot al proceso electoral. Pese a las dificultades fruto de la violencia durante la jornada de votación, el 41,53% del padrón electoral ha participado de forma activa, en la elección de 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 8.000.000 de venezolanos que otorgan al proceso revolucionario un respaldo mayor que el de los resultados de las legislativas perdidas por el chavismo en 2015, donde con 7,7 millones de votos la oposición se hizo con el control de la Asamblea Nacional de Venezuela y superan de igual modo los resultados de las elecciones presidenciales de 2013, en donde Nicolás Maduro se alzó con la victoria con el apoyo de poco más de 7 millones votos.

La la Asamblea Nacional Constituyente, constituye de este modo la cita electoral número 21 de Venezuela en 18 años, un proceso de continua participación democrática de la ciudadanía, destinado principalmente a superar los continuos desafíos internos y externos con los que la revolución bolivariana se ha encontrado desde la toma de poder de Hugo Chávez en febrero de 1999. Desde la victoria de la opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, el continuo desafío político en Venezuela ha degenerado rápidamente cara al golpismo con  el rechazo de la oposición a cualquier tipo de diálogo con el gobierno venezolano. En una interpretación ciertamente torticera de las reglas democráticas del país, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha dirigido sus esfuerzos institucionales única y exclusivamente a intentar arrebatar la jefatura del Estado a Nicolás Maduro, dejando de esta forma de lado  el mandato otorgado por el pueblo venezolano en medio de una coyuntura económica complicada y el continuo aumento de la violencia en las calles. Con ello, la oposición a la revolución bolivariana dejaba entrever la verdadera motivación de su participación política, lejos del interés por el devenir de los ciudadanía venezolana, la derecha opositora tiene como objetivo únicamente poner fin a un proceso revolucionario que en estos años ha eliminado gran parte de los privilegios de la oligarquía del país. Con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el gobierno de Nicolás Maduro busca consolidar los programas y las conquistas sociales de la revolución bolivariana en un contesto de parálisis política en el Parlamento Venezolano, fruto del rechazo frontal de la oposición a las normas de la Constitución vigente y al uso de la violencia en las calles como medio destinado a tensionar la vida política del país. La necesidad de reorganización del Estado y por tanto la renovación constitucional, no se dirige de modo alguno a la disolución de los poderes en el país, sino que al contrario de lo sucedido con la modificación del artículo 135 de la Constitución española o con  el Referéndum sobre el Tratado de Lisboa, frente a una crisis institucional, el gobierno venezolano ha optado por la consulta popular directa en lugar de hacer uso de la imposición política.

Lo que se plantea ahora en Venezuela es un mecanismo de diálogo en medio de un grave conflicto político y económico con claros tintes injerencistas. La oposición venezolana no puede seguir escondida tras la agresiva campaña mediática internacional que ha justificado actos terroristas como la bomba incendiaria detonada el pasado domingo en Caracas, al paso de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que ha provocado siete heridos. Se ha terminado la paciencia del pueblo venezolano con el bachaqueo, con las guarimbas, con los asesinatos políticos y con todos aquellos que únicamente buscan desestabilizar la vida diaria de la población con violencia, mientras ellos permanecen ocultos en sus clubs de golf, totalmente ajenos  a las consecuencias de la misma. Con la victoria del proceso Constituyente, la impunidad de la violencia política toca a su fin en Venezuela, un país en donde la policía antidisturbios ha soportado desarmada la continua escalada terrorista y en donde se han llegado a registrar ataques opositores a bases militares, mientras la respuesta del gobierno han sido las urnas, muy al contrario de medidas como el toque de queda adoptado en Francia durante los disturbios de 2005 o la continua represión de la policía española durante las manifestaciones de protesta contra el gobierno en 2014.

Un discurso de doble rasero, facilitado prensa y los diferentes gobiernos internacionales, que han llegado incluso al extremo de jalear el ataque paramilitar sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mientras silenciaban muertes como la de Orlando Figuera, uno de los muchos jóvenes quemados y apuñalados en las protestas de la oposición por ser considerados militantes chavistas. La negligencia, cuando no directamente manipulación informativa con Venezuela, ha alcanzado en los últimos meses el grado más decadente del periodismo al transformarse a menudo en puro servilismo ante intereses políticos determinados. Las muertes o la violencia descontextualizada en Venezuela, ha copado a diario el interés mediático internacional, mientras en países vecinos como México, Honduras o Colombia, numerosos periodistas dejaban su vida, ejerciendo su profesión en una lucha contra los hilos ocultos del poder que a ningún medio occidental ha parecido interesarle.  Una manipulación mediática que a tenor de los resultados electorales y pese al control mayoritario de las ‘cadenas’ por el sector crítico con el chavismo, no ha tenido éxito en Venezuela, pero que sí a servido para crear una corriente de opinión internacional que asuma, cuando no justifique, medidas contra el gobierno venezolano y sus representantes.

Estados Unidos, el país que colaboró activamente entre otros con gobiernos como el de Pinochet en Chile o a su “homónimo” africano Hissène Habré en Chad, amenaza ahora abiertamente al gobierno venezolano con sanciones económicas, al sostener que las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente del domingo son un ejercicio que busca usurpar ilegítimamente la democracia al pueblo, unas acusaciones que llegan desde el país del voto robado a las minorías y en donde tendríamos que remontarnos a 1968 para encontrar algún dato de participación electoral por encima del 60%. En medio de un contragolpe neoliberal en Latinoamérica tras años de un proceso integrador cimentado tras la derrota del ALCA por los presidentes Lula, Chávez y Kirchner, el patio trasero estadounidense, vuelve a cumplir su función de soporte del designio de la Casa Blanca con la negativa de los gobiernos de Colombia, México, Perú y Panamá (España por supuesto repite la estrategia Azores) a reconocer el proceso constituyente en Venezuela. Países todos ellos, en donde defender los derechos humanos puede a menudo costarle a uno la vida, pero cuyo apoyo incondicional a las decisiones del gobierno norteamericano en la región, parece eximirlos de las peligrosas consecuencias de ser incluidos en el llamado eje del mal.

Tras los resultados electorales, el gobierno venezolano debe realizar una correcta interpretación de los mismos, la victoria en la Constituyente no supone ni mucho menos un cheque en blanco para el gobierno de Nicolás Maduro, sino que muy por el contrario, se presenta como un mandato, un voto de confianza del pueblo venezolano con su gobierno, para lograr poner fin a una situación de guerra económica y violencia realmente insostenible para el conjunto de la población. Muchos de los votantes en la Asamblea Constituyente han votado en contra de la oposición y sus actos terroristas, contra su inmovilismo político durante estos dos últimos años, contra la quinta columna del mal llamado chavismo crítico, contra la injerencia extranjera…, en definitiva, han vuelto a votar al gobierno bolivariano tras el castigo de 2015, con la esperanza de una profundización en el proceso revolucionario que dote a la población y a su gobierno de armas con las que poder garantizar la independencia política y económica de su país, frente a los desafíos que se avecinan. Son muchos los retos a los que se enfrenta el gobierno bolivariano, pero una vez más, la voz de su pueblo ha demostrado que la revolución no se vende en Venezuela.

“Al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle. Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación, inevitablemente chocará con el imperio norteamericano.”

“No es lo mismo  hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador; el segundo es liberador.”

Hugo Chávez

constituyente

 

 

 

 

El comodín venezolano

De nuevo el interés mediático se adentran en las entrañas de Venezuela para con abundancia de focos internacionales y editoriales epopéyicos, trasladarnos por enésima vez un golpe de estado en el seno de la revolución bolivariana. Los mismos noticieros que en 2002 celebraron en sus páginas el golpe de estado contra Hugo Chávez y se encargaron de silenciar la violencia opositora en las denominadas guarimbas, hacen ahora su aparición en la agenda del país latinoamericano para arremeter en sus páginas contra una resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que suspende temporalmente las atribuciones de la Asamblea Nacional. Curiosamente, quienes no hace demasiado tiempo hacían correr ríos de tinta acerca de la posible suspensión de la autonomía de Cataluña, se sitúan ahora del lado de una oposición anticonstitucionalista con la clara intención de atacar al gobierno venezolano, en una decisión cuya responsabilidad cabe recordar debe atribuirse al Tribunal Supremo de Justicia y no el Presidente Nicolás Maduro. Por suerte para ellos, nunca la incoherencia editorial había resultado tan barata.

En medio de una fuerte convulsión social y política, la escalada de violencia contra el gobierno iniciada por una oposición venezolana que incomprensiblemente ha visto en la representación parlamentaria, una patente de corso para el desacato a las directivas del resto de instituciones del estado, debe ser analizada en el contexto de un largo pulso ideológico iniciado durante los años de gobierno de Hugo Chávez por una oposición que únicamente basa su alternativa de gobierno en un rejunte de sectores dispares cuyo objetivo común no va muchos más allá del rechazo visceral al chavismo y a todo lo que este representa. Un objetivo perseguido con el continuo desprecio a las normas democráticas comunes, que ha encontrado una nueva forma de tensar la ya de por sí frágil convivencia social en Venezuela en un proceso por delito electoral iniciado por el TSJ contra tres representantes parlamentarios de la oposición. Desde un principio, la actuación del Parlamento Venezolano fue la de mantenerse al margen de la ley, negándose a aceptar las disposiciones judiciales que le impelían a actuar de acuerdo a las normas de la Constitución vigente. Llegando incluso a declararse en desacato con el objetivo de juramentar como diputados a los tres candidatos impugnados por corrupción política.

Agotadas las acciones del máximo tribunal de Justicia venezolano por hacer valer su autoridad, el organismo judicial decidió en última instancia anular las atribuciones de la Asamblea Nacional en medio de una situación política en el que el Poder Legislativo buscaba deponer al Jefe del Estado por vías claramente anticonstitucionales. Para ello, la Asamblea Nacional no duda en iniciar el 9 de enero de 2017 un “juicio político” al presidente Nicolás Maduro en el que todos los diputados de la oposición salvo los del partido de Henry Falcón, conscientes de la gravedad de los hechos, votaron a favor de un “Impeachment” en una actuación que no contempla la Constitución venezolana.

Ante la gravedad de las actuaciones de la oposición y en un último intento por hacer valer la constitución vigente, el oficialismo tomó la decisión de abstenerse de participar en las sesiones parlamentarias hasta que se retomase la senda democrática, pero lejos de rectificar sus postulados o intentar abrir vías al diálogo, la actuación de la oposición tensó aún más la cuerda al promover la decisión unilateral de pedir la activación contra Venezuela de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un movimiento que debe interpretarse como el paso previo para justificar una intervención militar externa en el país. Con ello, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) volvía a hacer uso de funciones constitucionales exclusivas del presidente venezolano en la búsqueda enfermiza de sus propios objetivos políticos. Objetivos que a tenor de sus actuaciones, parecen únicamente encaminados a incendiar las relaciones políticas entre los partidarios del gobierno y la oposición para intentar ganar en las calles un poder que únicamente deberían otorgar las urnas.

La suspensión de las atribuciones de la Asamblea Nacional, se enmarcan en una relación tensa entre los órganos judiciales y el parlamento venezolano que terminan alcanzando un punto insostenible de convivencia tras una decisión judicial que si bien se enmarca dentro de la absoluta legalidad y es tomada tras numerosas provocaciones por parte de la oposición parlamentaria, ciertamente puede abrir la puerta a consecuencias imprevisibles para la política venezolana. La adopción de la ley de Hidrocarburos, supone un simple mecanismo legal de mediación entre poderes representativos ante un conflicto de interpretación constitucional, que permite al Tribunal Superior de Justicia erigirse en árbitro para asumir las competencias de una Asamblea en situación jurídica de desacato, que impide con su actuación la firma de acuerdos comerciales de vital importancia para el desarrollo del país. Lejos de un intento de golpe de estado, lo único que está haciendo el tribunal supremo, es asumir unas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice por causa del desafío a la constitución ejercido desde de la oposición. Un resorte que sin duda el chavismo ha previsto fruto de la experiencia acumulada en anteriores intentonas golpistas desde la  guerra económica.

Cuando la Asamblea venezolana decidió desconocer el poder legítimo del Presidente, era plenamente consciente de que se estaba poniendo al margen de la Constitución al colocarse por voluntad propia en situación de desacato. Es solamente en ese punto y nunca antes, cuando ante la existencia de un conflicto constitucional entre poderes el Tribunal Supremo de Venezuela asume las competencias del Parlamento para hacer respetar la legalidad. La manipulación mediática y la desinformación, sin duda han vuelto ha realizar su trabajo en Venezuela trasladando una imagen claramente sesgada a la opinión pública internacional. Analizar lo ocurrido en el país latinoamericano como un golpe de Estado es un insulto a la inteligencia de los lectores, además de una forma clara de posicionarse en el bando los aliados de la oposición en un proceso que tiene como trasfondo una dura batalla ideológica por el control político de América Latina. Quienes hoy alzan sus plumas al vuelo contra el gobierno de Nicolás Maduro son los mismos que callaron o incluso llegaron a festejar en sus páginas lo sucedido en Honduras, Paraguay o Brasil.

Presionado por la comunidad internacional el TSJ venezolano ha decidido dar marcha atrás a su decisión dejando con ello impune el desafío de la oposición a la constitución del país, con lo que se demuestra que el verdadero peligro para Venezuela sigue encontrándose en una opinión pública internacional ciertamente desinformada sobre el trasfondo político del país y en una oposición parlamentaria dispuesta a utilizar un discurso favorable en los grandes medios para provocar progresivamente una política de conflicto. Solo el tiempo dirá si la desinformación puede vencer a la democracia en Venezuela.

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Autor: @SeijoDani

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Por consiguiente, Felipe

Pareciese de nuevo desatarse el Ferraz una crisis sistémica, que ha acompañado al partido socialista a lo largo de su ya dilatada trayectoria en la política española. Una crisis con muchas caras, demasiados nombres y no pocos frentes, pero en definitiva, una crisis intrínseca en el propio partido socialista y por extensión en la democracia de nuestro país.

La batalla por el poder que la pasada semana se desataba en el seno del partido socialista, bien podría ser la continuación de un conflicto interno tan viejo como el propio PSOE. Desde la expulsión de su fundador en 1872, hasta la crisis interna que ha desembocado en la renuncia de Pedro Sánchez a su proyecto, el Partido Socialista Obrero Español ha vivido un sin fin de batallas fratricidas entre quienes veían en su propio partido un medio para cambiar a la sociedad capitalista y quienes tan solo buscaban al calor del partido, ofrecer un contrapeso a las ideas más reaccionarias de una derecha española que en definitiva siempre ha visto en el PSOE un mal menor de la izquierda de este país.

Desde Largo Caballero y su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, hasta el enfrentamiento entre los sectores más conservadores del partido encarnados en Almunia, y el aperturismo progresista de Josep Borrell, la historia del PSOE parece dividirse en una continua dicotomía entre conservadores que dicen ser socialistas y socialistas que por desgracia militan en un partido a todas luces conservador.

Ignoraba Pedro Sánchez la historia de su propio partido a la hora de dar rienda suelta a su ambición, pareciendo desconocer que el pacto con una fuerza de la “nueva izquierda” como Unidos Podemos, supondría para los barones de Ferraz un precio demasiado alto para llegar a la Moncloa. Olvidaba el líder socialista que el propio sentido de su partido no era el de reforzar un gobierno del cambio, sino por encima de todo, se trataba de apuntalar un sistema de contrapoderes que el PSOE había ayudado a crear y sin el que ahora, su supervivencia electoral sería meramente inviable.

Pedro Sánchez se enfrento llevado por su ego a la política de todo para el pueblo pero sin el pueblo del PSOE. El madrileño no había sido el candidato de Ferraz, ni el del ibex, lo que en definitiva sería lo mismo, había sido el candidato de las bases y al final del proceso un mal menor en una batalla por el poder que podríamos haber resumido en un simple todos contra el loco de Tapias. Sánchez suponía para la vieja guardia socialista el mismo tipo de parche que el propio PSOE supone para la derecha: una especie de bálsamo ante la izquierda que desde su partido denominan populista. Cuando ante la perspectiva de convertirse en presidente del gobierno, Pedro Sánchez obvio las claras advertencias que le instaban a cesar en la negociación de un gobierno alternativo, para abstenerse ante una futura investidura de Mariano Rajoy, de nuevo estallaron las viejas tensiones en el Partido Socialista.

Fue entonces cuando como si por el no pasasen los años, Felipe González volvió a tomar las riendas de su partido, para en un fugaz golpe de mano, desenmascararse al fin; ya sin ambages, como el verdadero rey sol del Partido Socialista. El viejo jarrón chino irrumpió en la vida política de Ferraz, para como en ocasiones anteriores, desacreditar a la voz de la militancia y a su candidato por un supuesto bien mayor para el parido.

Si siempre pudimos sospechar que en la crisis entre Almunia y Borrell, González y El País supusieron la punta de lanza de una trama que terminó por forzar la dimisión del que era el candidato de las bases socialistas a presidente del gobierno. De nuevo la historia repetía, pero esta vez con mayor claridad, sin cortapisas. Quién sabe si debido a que la generosidad de su burguesa silueta, ya haya hecho empequeñecerse hasta el propio ridículo la chaqueta de pana del viejo Isidoro o si en su propia evolución ideológica González ya no considere necesario los ambages en su discurso. Esta vez el respaldo del ex presidente socialista a las posturas más retrogradas y conservadoras de su partido ha sido cristalino.

Poco o nada queda ya de aquel joven socialista que conseguía en 1982 su primera mayoría absoluta con el apoyo de 10 millones de españoles que creyeron en aquel proyecto que decía quería cambiar España. El de la sanidad y educación para todos, un proyecto que nos llevo a Europa y a la OTAN, y quién sabe sin en ese mismo momento comenzó a desmoronarse ante su propio éxito.

Entre el viejo Isidoro de la clandestinidad que con su carisma y discurso logró arrebatar el peso de la calle a la verdadera oposición al franquismo que había supuesto el PCE y el Felipe González que ahora conocemos, se encuentran tantos quiebros ideológicos que para un servidor resulta ya demasiado complicado poder definir en que punto exacto murió aquel Felipe que se definía así mismo como alternativa para España.

Desde la entrada a la OTAN, la renuncia al marxismo, la reconversión industrial fruto de la claudicación entonces igual que ahora a los dictámenes económicos de la UE, pasando por la represión a los sindicatos en el 88, los más de 3 millones de parados en 1993 y las 28 personas asesinadas por los GAL. Felipe González ha terminado representando para la sociedad la ensoñación liberal de que el dinero todo lo puede comprar, incluso las ideologías.

Con la oligarquía en Venezuela, conseguidor en Sudán del Sur, capataz en el México de Carlos Slim o señor X en Euskadi. Mil caras para un personaje que a lo largo de su trayectoria ha logrado mantenerse como tótem del socialismo español, sin que por ello tuviese que renunciar a cargos como el de consejero de Gas Natural Fenosa, por el que llego a cobrar 100.00 euros anuales, o el de representante de una mesa de sabios en la UE que bien podrían denominarse como embajadores del liberalismo en Europa.

Toda una trayectoria que ha llevado a Felipe a situarse por convicción o por necesidad, al frente de un golpe de mano burgués en el propio partido socialista. La perspectiva de un gobierno con Unidos Podemos parece haber alertado al sistema y con ello a la vieja guardia socialista hasta el punto de ahora si, estar dispuestos a cualquier cosa con tal de encontrar soluciones a un sistema que parece tambalearse irremediablemente.

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Autor: @SeijoDani

 

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Bolivar cogió su fusil

Pocas veces se ha hablado tanto en los corrillos políticos de España de lo que sucede en un país extranjero, y pocas veces habrá ocupado tanto papel en nuestros diarios el transcurso de los hechos en Venezuela, desde que El libertador” Simón Bolívar, comenzaba una larga travesía revolucionaria para dotar de libertad a los pueblos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Casi dos siglos desde aquellas primeras batallas del padre del bolivarianismo, hasta hoy. Dos siglos en los que  fruto del imperialismo americano y la Operación Cóndor, los hijos de la lucha de emancipación que llevo a cabo Simón Bolivar, han visto gobiernos militares como los que ocuparon Bolivia entre 1964 y 1982, la represión y la censura de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia o la sucesiva imposición de dictaduras y gobiernos títeres en la propia patria de Bolívar.

Dos siglos que nos han cambiado mucho y a la vez tan poco, siglos en los que en gran parte de Sudamérica los indigenas siguen viviendo en la pobreza y con escasos derechos reconocidos, dos siglos en los que las multinacionales han substituido al cacique o al emperador a la hora de substraer la riqueza al pueblo bolivariano y dos siglos en los que los más pobres todavía son legión en el continente. Todos ellos problemas que ni gobiernos de izquierda, ni dictaduras militares, ni gobiernos de derechas han podido erradicar de la región, aunque si han existido claras diferencias entre las políticas de uno y otro símbolo.

Cuando en 1999 Hugo Chávez Frías llega al poder para proclamar la República Bolivariana de Venezuela, lo hace tras un golpe de estado fallido seis años antes, que le costo al futuro presidente de Venezuela dos años en prisión. Dos años en los que Chávez prepara una alternativa para el gobierno venezolano que desembocará con su victoria electoral frente a los partidos tradicionales y sembrará en Venezuela las semillas de una revolución social y política.

Desde un primer momento el mundo recibe al mandatario bolivariano y a la nueva república con escepticismo en el mejor de los casos y con abierta hostilidad en el peor de ellos. Venezuela afrontará durante el mandato de Hugo Chávez una continua injerencia desestabilizadora en forma de intento de golpe de estado en abril de 2002 y  una guerra económica y política con la huelga y sabotaje de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y  el Referéndum presidencial de Venezuela de 2004 del que Hugo Chávez sale victorioso en la consulta en las urnas, con un amplio margen frente a la oposición, que sin embargo continuará proclamando la ilegitimidad del gobierno de bolivariano.

Durante los años de gobierno de Hugo Chávez, la extrema pobreza en Venezuela se redujo del 42 al 9’5 %, se declaro al país libre de analfabetismo según los criterios de la UNESCO, se crearon Misiones para garantizar un justo acceso a la sanidad, la educación y la soberanía alimentaria de los más desfavorecidos en Venezuela, además de avanzar en otras materias siempre olvidadas en el país como la lucha contra la disparidad de género o la soberanía tecnológica. 

Uno tampoco puede obviar los errores, en ocasiones grandes errores, de la revolución bolivariana en Venezuela. El demencial control cambiario, la inseguridad jurídica fruto en muchas ocasiones de los vaivenes de la planificación político económica, la inflación, la corrupción campante en las instituciones o el aumento de la polaridad y la violencia en el país. Todos ellos son errores que o bien de forma intencionada o por omisión en sus labores, uno le puede achacar al gobierno bolivariano. Pero esto no justifica en ningún caso una oposición criminal y golpista ante un gobierno que todavía hoy, detenta la mayoría del pueblo.

La actual crisis política en Venezuela arranca tras la victoria de Nicolás Maduro y el Gran Polo Patriótico en las elecciones de 2013. Pese al reconocimiento de numerosos organismos de la limpieza del proceso electoral venezolano, la oposición en manos de Henrique Capriles decide convocar un “cacerolazo” con el que la oposición se niega los resultados electorales ampliamente reconocidos en todo el mundo como legítimos.

Comienza entonces un proceso de desestabilización al gobierno de Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana con numerosos altercados y una profunda guerra económica llevada a cabo por la oligarquía venezolana que afecta profundamente a la economía del país y especialmente a la vida de los más pobres. Si bien los niveles de desabastecimiento en Venezuela han legado a cuotas alarmantes, observando los datos macroeconómicos uno puede localizar indicios que indican que dicho desabastecimiento, no han guardado relación directa con los niveles de producción. Hecho que parece indicar la existencia de una mano visible en el mercado venezolano que continua produciendo bienes básicos como la harina de maíz, el café, el arroz, el azúcar, las carotas, las pastas alimenticias y los huevos de gallina, pero que sin embargo no les da salida al mercado, al menos al mercado legal. Otro gallo canta en el mercado negro del bachaqueo, en el que los venezolanos pueden encontrar todo tipo de productos a un precio muy superior, al que la regulación de precios del gobierno de Nicolás Maduro impuso por decreto en un intento de frenar las desigualdades generadas fruto de la plusvalía del sistema capitalista en el país.

Ante esta situación, el gobierno venezolano tan solo puede luchar con la legalidad en la mano, y las redadas contra las mafias del comercio ilegal en Venezuela, se sucedieron con la esperanza de poner fin a una guerra económica que como sucedió en el Chile de Allende pretende preparar el camino para un golpe de estado que ponga fin a la revolución bolivariana. Así en 2014 comienzan las guarimbas en Venezuela, unas protestas convocadas por la oposición de derechas que inicialmente decían protestar contra el aumento de la delincuencia, la alta inflación y escasez de productos básicos. Aunque pronto derivan en hechos violentos como la quema de centros de salud, universidades, casas de estudios y centros de distribución de alimentos que cuestan al gobierno venezolano, hasta que consiguen controlar la situación, la vida de 43 personas, más de 800 heridos y daños materiales valorados en cerca de 10 mil millones de dólares. Al frente de las protestas tres políticos de oposición: la exdiputada María Corina Machado, el gobernador de Miranda  Henrique Capriles  y Leopoldo López, exalcalde de Chacao, quien convocó a las protestas con el objetivo declarado de sacar al gobierno del poder. 

Fruto de las protestas y como consecuencia de las muertes acaecidas en ellas, numerosos responsables de las mismas son detenidos. Lo que es visto por la oposición como una provocación y por el resto del mundo como una clara muestra de la tendencia autoritaria de la revolución bolivariana. Cabria preguntarse si los familiares y las víctimas de estas protestas, compartirían esta visión de quienes ven en los responsables de los actos que terminaron con la muerte de sus hijos, hermanos o esposos, como simples presos políticos. No conviene olvidar para el resto del mundo, como la oposición venezolana ha sabido utilizar la violencia en actos que previamente ha convocado, para achacar las muertes a la propia revolución. En la memoria de muchos venezolanos, todavía siguen presente los actos de puente de Llaguno.

Con esta situación se llega a la clara victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, en un contexto de desaceleración económica fruto de la caída en los precios del petróleo y de máxima tensión política, que le da por primera vez en 16 años de gobierno chavista, la mayoría en la Asamblea Nacional.

Con un país dividido entre la pobreza extrema y el poder económico monopolista, y un poder político cada día más polarizado, Venezuela se enfrenta a uno de los más grandes retos de su historia. La revolución bolivariana encara un referéndum revocatorio a corto plazo en el que lejos quedan ya los apoyos del chavismo, al tiempo que ve en el horizonte la amenaza de un nuevo Caracazo que derribe finalmente los logros de la revolución, para traer de vuelta al país, las políticas neoliberales del capitalismo americano de la mano de una oposición oligárquica que pretende volver a hacer de Venezuela el patio trasero de Estados Unidos, en donde el imperio pueda conseguir materias primas y mano de obra barata, al tiempo que coloca los excedentes de su producción en un pueblo falto de todo.

La ofensiva que vive Venezuela es un paso más en un plan que ya ha socavado derechos en Argentina y Brasil, y que pretende dinamitar los últimos bastiones de las políticas progresistas en América Latina, haciendo llorar sangre si fuera preciso al pueblo venezolano como ejemplo de lo que puede suceder a los pueblos que intentan buscar una alternativa al reinado del dólar en la región.

No todo ha sido bueno en Venezuela, muchos han sido los errores de sus mandatarios y muchas las cosas por hacer, pero sin duda grandilocuente honor el de tantas portadas en nuestros medios para un país que convive muy de cerca con la narcopolítica de México o el genocidio indígena en Colombia. Es de suponer que es más delictivo el error, cuando quién lo comete no es uno de los suyos.

 

“Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”

Malcolm X

 

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Autor: @SeijoDani

 

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