Venezuela, madurez revolucionaria

Más de ocho millones de venezolanos han ejercido su derecho a voto en las constituyentes celebradas el pasado domingo en el país, todo ello pese al alarmismo internacional, la manipulación mediática y los focos de violencia que la oposición ha mantenido durante toda la jornada, como parte fundamental de su estrategia de boicot al proceso electoral. Pese a las dificultades fruto de la violencia durante la jornada de votación, el 41,53% del padrón electoral ha participado de forma activa, en la elección de 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 8.000.000 de venezolanos que otorgan al proceso revolucionario un respaldo mayor que el de los resultados de las legislativas perdidas por el chavismo en 2015, donde con 7,7 millones de votos la oposición se hizo con el control de la Asamblea Nacional de Venezuela y superan de igual modo los resultados de las elecciones presidenciales de 2013, en donde Nicolás Maduro se alzó con la victoria con el apoyo de poco más de 7 millones votos.

La la Asamblea Nacional Constituyente, constituye de este modo la cita electoral número 21 de Venezuela en 18 años, un proceso de continua participación democrática de la ciudadanía, destinado principalmente a superar los continuos desafíos internos y externos con los que la revolución bolivariana se ha encontrado desde la toma de poder de Hugo Chávez en febrero de 1999. Desde la victoria de la opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, el continuo desafío político en Venezuela ha degenerado rápidamente cara al golpismo con  el rechazo de la oposición a cualquier tipo de diálogo con el gobierno venezolano. En una interpretación ciertamente torticera de las reglas democráticas del país, la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha dirigido sus esfuerzos institucionales única y exclusivamente a intentar arrebatar la jefatura del Estado a Nicolás Maduro, dejando de esta forma de lado  el mandato otorgado por el pueblo venezolano en medio de una coyuntura económica complicada y el continuo aumento de la violencia en las calles. Con ello, la oposición a la revolución bolivariana dejaba entrever la verdadera motivación de su participación política, lejos del interés por el devenir de los ciudadanía venezolana, la derecha opositora tiene como objetivo únicamente poner fin a un proceso revolucionario que en estos años ha eliminado gran parte de los privilegios de la oligarquía del país. Con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el gobierno de Nicolás Maduro busca consolidar los programas y las conquistas sociales de la revolución bolivariana en un contesto de parálisis política en el Parlamento Venezolano, fruto del rechazo frontal de la oposición a las normas de la Constitución vigente y al uso de la violencia en las calles como medio destinado a tensionar la vida política del país. La necesidad de reorganización del Estado y por tanto la renovación constitucional, no se dirige de modo alguno a la disolución de los poderes en el país, sino que al contrario de lo sucedido con la modificación del artículo 135 de la Constitución española o con  el Referéndum sobre el Tratado de Lisboa, frente a una crisis institucional, el gobierno venezolano ha optado por la consulta popular directa en lugar de hacer uso de la imposición política.

Lo que se plantea ahora en Venezuela es un mecanismo de diálogo en medio de un grave conflicto político y económico con claros tintes injerencistas. La oposición venezolana no puede seguir escondida tras la agresiva campaña mediática internacional que ha justificado actos terroristas como la bomba incendiaria detonada el pasado domingo en Caracas, al paso de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que ha provocado siete heridos. Se ha terminado la paciencia del pueblo venezolano con el bachaqueo, con las guarimbas, con los asesinatos políticos y con todos aquellos que únicamente buscan desestabilizar la vida diaria de la población con violencia, mientras ellos permanecen ocultos en sus clubs de golf, totalmente ajenos  a las consecuencias de la misma. Con la victoria del proceso Constituyente, la impunidad de la violencia política toca a su fin en Venezuela, un país en donde la policía antidisturbios ha soportado desarmada la continua escalada terrorista y en donde se han llegado a registrar ataques opositores a bases militares, mientras la respuesta del gobierno han sido las urnas, muy al contrario de medidas como el toque de queda adoptado en Francia durante los disturbios de 2005 o la continua represión de la policía española durante las manifestaciones de protesta contra el gobierno en 2014.

Un discurso de doble rasero, facilitado prensa y los diferentes gobiernos internacionales, que han llegado incluso al extremo de jalear el ataque paramilitar sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, mientras silenciaban muertes como la de Orlando Figuera, uno de los muchos jóvenes quemados y apuñalados en las protestas de la oposición por ser considerados militantes chavistas. La negligencia, cuando no directamente manipulación informativa con Venezuela, ha alcanzado en los últimos meses el grado más decadente del periodismo al transformarse a menudo en puro servilismo ante intereses políticos determinados. Las muertes o la violencia descontextualizada en Venezuela, ha copado a diario el interés mediático internacional, mientras en países vecinos como México, Honduras o Colombia, numerosos periodistas dejaban su vida, ejerciendo su profesión en una lucha contra los hilos ocultos del poder que a ningún medio occidental ha parecido interesarle.  Una manipulación mediática que a tenor de los resultados electorales y pese al control mayoritario de las ‘cadenas’ por el sector crítico con el chavismo, no ha tenido éxito en Venezuela, pero que sí a servido para crear una corriente de opinión internacional que asuma, cuando no justifique, medidas contra el gobierno venezolano y sus representantes.

Estados Unidos, el país que colaboró activamente entre otros con gobiernos como el de Pinochet en Chile o a su “homónimo” africano Hissène Habré en Chad, amenaza ahora abiertamente al gobierno venezolano con sanciones económicas, al sostener que las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente del domingo son un ejercicio que busca usurpar ilegítimamente la democracia al pueblo, unas acusaciones que llegan desde el país del voto robado a las minorías y en donde tendríamos que remontarnos a 1968 para encontrar algún dato de participación electoral por encima del 60%. En medio de un contragolpe neoliberal en Latinoamérica tras años de un proceso integrador cimentado tras la derrota del ALCA por los presidentes Lula, Chávez y Kirchner, el patio trasero estadounidense, vuelve a cumplir su función de soporte del designio de la Casa Blanca con la negativa de los gobiernos de Colombia, México, Perú y Panamá (España por supuesto repite la estrategia Azores) a reconocer el proceso constituyente en Venezuela. Países todos ellos, en donde defender los derechos humanos puede a menudo costarle a uno la vida, pero cuyo apoyo incondicional a las decisiones del gobierno norteamericano en la región, parece eximirlos de las peligrosas consecuencias de ser incluidos en el llamado eje del mal.

Tras los resultados electorales, el gobierno venezolano debe realizar una correcta interpretación de los mismos, la victoria en la Constituyente no supone ni mucho menos un cheque en blanco para el gobierno de Nicolás Maduro, sino que muy por el contrario, se presenta como un mandato, un voto de confianza del pueblo venezolano con su gobierno, para lograr poner fin a una situación de guerra económica y violencia realmente insostenible para el conjunto de la población. Muchos de los votantes en la Asamblea Constituyente han votado en contra de la oposición y sus actos terroristas, contra su inmovilismo político durante estos dos últimos años, contra la quinta columna del mal llamado chavismo crítico, contra la injerencia extranjera…, en definitiva, han vuelto a votar al gobierno bolivariano tras el castigo de 2015, con la esperanza de una profundización en el proceso revolucionario que dote a la población y a su gobierno de armas con las que poder garantizar la independencia política y económica de su país, frente a los desafíos que se avecinan. Son muchos los retos a los que se enfrenta el gobierno bolivariano, pero una vez más, la voz de su pueblo ha demostrado que la revolución no se vende en Venezuela.

“Al imperio no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle. Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación, inevitablemente chocará con el imperio norteamericano.”

“No es lo mismo  hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador; el segundo es liberador.”

Hugo Chávez

constituyente