Alsasua, polvo en los ojos

“Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea.”

Malcolm X

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy  durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa, y que hoy sirve en España, para mantener encarcelados a tres jóvenes independentistas, acusados de agredir a dos guardias civiles durante el transcurso de una noche de copas en Navarra. Una medida judicial definida por la propia ONU como poco democrática, que permite que hoy en nuestro país lo que en cualquier otro escenario supondría poco más que un delito de lesiones, haya terminado para estos jóvenes abertzales, en una acusación por terrorismo enmarcada en un proceso de paz en el País Vasco paralizado por la apatía estatal y durante el recrudecimiento de los juicios por enaltecimiento del terrorismo, que poco o nada tienen que ver con la realidad política o la pulsión social de Euskal Herria.

Una sociedad civil que en el pueblo de Alsasua, no ha dudado desde un primer momento y en contra de la polémica decisión de las autoridades españolas, en manifestarse para pedir la puesta en libertad de los jóvenes detenidos y el fin de lo que gran parte de los vecinos consideran continuos montajes policiales y judiciales. Lo que a día de hoy, para la Audiencia Nacional es considerado terrorismo, para los vecinos y vecinas de la localidad (Además de para 83 alcaldes de Euskadi y Navarra) no supone más que una pelea de bar fruto de lo que ellos describen como asfixiante presencia de la Guardia Civil en el pueblo.

Iñaki Abad, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, siete jóvenes de la localidad Navarra de Alasasua, víctimas del polémico artículo 573 del Código Penal, aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy,  durante los continuos atentados yihadistas de 2015 en Europa

Pese a las masivas movilizaciones vecinales y a los propios informes de la Guardia Civil remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, en los que niegan la existencia de un linchamiento organizado contra los dos guardias civiles agredidos junto a sus parejas en un bar de la localidad, la Audiencia Nacional  en una actuación polémica, decidió finalmente hacerse cargo del proceso, basándose en los testimonios de los propios denunciantes como única prueba, todo, pese a las numerosas contradicciones de los mismos con la versión del resto de testigos.

En poco más de una semana desde su detención, los nueve jóvenes de entre 19 y 24 años, fueron procesados atribuyéndoles un delito de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y odio. Una decisión fundada en la hipótesis de que los detenidos llevaron a cabo la agresión motivados por su conocimiento de la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, lo que enmarcaría los hechos en las “rutinas de hostigamiento” contra el instituto armado español protagonizadas por el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen algunos de los detenidos. Una decisión judicial, que a todas luces puede llegar a suponer un ejercicio excesivo de conjeturas en la reconstrucción de los hechos, y que a tenor de las pruebas presentadas judicialmente, apunta sin duda a que la actuación de la Audiencia Nacional, no viene sino a enturbiar los intentos emprendidos por la sociedad vasca, para normalizar la convivencia tras numerosas décadas de conflicto y el reciente cese de la actividad armada de ETA.

No en vano, aceptar que la pertenencia de los jóvenes detenidos en Alsasua a diferentes organizaciones independentistas, que pueden compartir o no, diversos objetivos con la organización terrorista ETA, supone motivo suficiente para su procesamiento por terrorismo tras una reyerta en un bar, abre una peligrosa vía legal en donde la afiliación de los acusados y no los hechos en sí, suponen el principal baremo para la posterior actuación de la justicia. La búsqueda de la independencia o la expulsión de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Navarra y del País Vasco, figuran entre los objetivos perseguidos en su momento por la organización terroristas y hoy forman parte de las principales reivindicaciones políticas de la izquierda abertzale. Precisamente, en asumir como legítimas las reivindicaciones de quienes sin el peso de las armas pueden defender tales postulados, hoy pasan gran parte de las esperanzas para  la convivencia y el correcto desarrollo del proceso de paz en Euskadi. En ningún caso en una sociedad plenamente democrática, encabezar una campaña por reprobable y deshonrosa que pueda parecer esta a la Audiencia Nacional, puede suponer la posterior vinculación con una organización terrorista.

un ejercicio excesivo de conjeturas en la reconstrucción de los hechos, y que a tenor de las pruebas presentadas judicialmente, apunta sin duda a que la actuación de la Audiencia Nacional no viene sino a enturbiar los intentos emprendidos por la sociedad vasca, para normalizar la convivencia tras numerosas décadas de conflicto y el cese reciente de la actividad armada de ETA

“Proporcionalidad, justicia y equidad” son las lógicas reivindicaciones de un pueblo y unas familias, que todavía hoy siguen gritando a viva voz que sus jóvenes no son terroristas. El circo mediático y político en un caso en donde en las propias palabras de las familias de los detenidos, los jóvenes de Alsasua “han sido utilizados de una manera ejemplarizante y no desde parámetros jurídicos” parece impedirnos lograr reflexionar acerca de lo absurdo e insultante de comparar una simple pelea de bar, con la realidad vivida por muchos ciudadanos durante la existencia de la amenaza de las armas en nuestro país.

Mantener la acusación de terrorismo y peticiones de prisión absolutamente desproporcionadas, que pueden llegar a superar los 10 año de prisión, supone un insulto a la inteligencia de un pueblo que ya ha pagado demasiado caro los desesperados intentos de quienes parecen querer prorrogar de manera artificial la lógica del discurso de las armas.

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Moción de censura, nos sobran los motivos

“Por las arrugas de mi voz
se filtra la desolación
de saber q éstos son
los últimos versos q te escribo,
para decir “con Dios” a los dos
nos sobran los motivos. “

Joaquin Sabina

Tras el tramabús, los continuos debates y declaraciones contra la corrupción como escaparate parlamentario y las peleas internas representadas en territorio enemigo, Unidos Podemos ha decidido dar un paso al frente anunciando la búsqueda de apoyos parlamentarios para iniciar una moción de censura contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy. En una estrategia política arriesgada, pero que algunos ya adelantaron, el partido de Pablo Iglesias sale al paso de los últimos escándalos de corrupción, para en un all in parlamentario, obligar a los demás grupos de la oposición a abandonar sus trincheras dialécticas y poner definitivamente sus cartas sobre la mesa.

Las grabaciones y documentación recopiladas en la operación Lezo han dejado al descubierto una nueva pieza de la elaborada trama de corrupción que extiende sus vínculos sobre el Partido Popular y que una vez se ha sentido acorralada ante la continua presión policial y judicial, no ha dudado ni por un instante en hacer uso de sus vínculos con el gobierno para obstaculizar  e intimidar en la medida de lo posible la acción del poder judicial. Un claro ejemplo de estos métodos los encontramos en las conversaciones recogidas en el sumario de esta operación en donde Ignacio González y Eduardo Zaplana con total naturalidad charlan acerca de apartar de la Audiencia Nacional a Eloy Velasco o de la posibilidad de influir desde el ejecutivo en el transcurrir de las decisiones judiciales que afectan a los casos de corrupción vinculados con el Partido Popular,  tales conversaciones suponen un paso más para depauperar el ya de por sí escaso bagaje democrático de unas instituciones que se encuentran inmersas en una espiral de corrupción que llega incluso a amenazar a los máximos representantes del estado. Ante la anomalía de un estado de excepción democrático por el saqueo del PP de las administraciones públicas y un comportamiento parásito de las instituciones el proponer una moción de censura en un país que desde la Transición, ha vivido únicamente dos situaciones similares; una contra Adolfo Suárez y otra contra Felipe González, ambas fracasadas, supone una actitud de responsabilidad política y moral y un desafío frente a aquellos que únicamente han utilizado los mecanismos del estado de derecho con el único fin de degradar los resortes democráticos del estado para lograr con ello obtener un beneficio económico ilícito con aparente impunidad.

No existe tiempo para estrategias electoralistas o una incesante algarabía de discursos parlamentarios huecos ante la corrupción sistémica y la amenaza directa a principios básicos como la vulneración de la división de poderes, la independencia judicial  o la libertad de expresión. La respuesta parlamentaria de aquellos que ocupan un cargo en representación de todos los españoles debe ser la de la defensa sin fisuras de la democracia y eso queridos lectores, es precisamente lo que hoy se ha pretendido lograr con una moción de censura que es utilizada como último recurso frente a un gobierno del Partido Popular que no solo ha evitado en todo momento su responsabilidad con la ciudadanía y sus representantes, sino que en numerosas ocasiones ha entorpecido de manera continuada la labor de la justicia con tácticas más propias del entorno mafioso que con las de una formación de gobierno.

Sin duda una vez más el Partido Popular utilizará en su defensa frente a la flagrante corrupción el argumento de los casos aislados y el respaldo electoral, defensa que podrían resultar válida en un entorno puramente democrático, pero que sin duda se queda coja en un país en donde el partido del gobierno se encuentra inmerso en un macrocaso de financiación ilegal y cuyo entorno empresarial, judicial y periodístico parecen trabajar al unísono en la construcción de un discurso electoral alternativo para la formación conservadora. No se trata como en otras ocasiones de dinamitar esa defensa porque el partido del gobierno haya llegado al poder incumpliendo una tras otra cada una de sus medidas, ni de que las democracias occidentales hayamos asumido como lógico un gobierno con elevadísimas tasas de abstención, sino que en el caso particular de España, los apuros del partido del gobierno por soterrar una flagrante corrupción que ahoga su día a día político socavan las premisas básicas de cualquier estado de derecho. No debería existir por tanto ningún temor para afirmar que el voto a un partido que ha financiado sus campañas electorales con la corrupción no es un voto válido, dado que la financiación ilegal en sí misma ha corrompido el proceso democrático despojándolo de validez.

Ante la moción de censura no existen más alternativas que el apoyo a la misma o el respaldo a las políticas y al ejecutivo del Partido Popular. No existen trincheras en donde reelaborar el discurso electoralista, ni más pseudoverdades que lanzar a los medios de comunicación con el único objetivo de calmar las aguas, Ciudadanos y el Partido Socialista se encuentran ahora ante la disyuntiva de posicionarse como parte de la solución o pasar a formar definitivamente parte del problema en el imaginario colectivo. La moción de censura tal y como se recoge en la constitución necesita al menos la firma de 35 parlamentarios para su presentación (con lo que podría salir adelante con la iniciativa única de Unidos Podemos) y el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados para su aprobación, es en ese punto en donde el voto de las que ahora se consideran formaciones del eje de oposición deberán definirse, con ello Unidos Podemos pretende poner fin a la estrategia política de quien públicamente crítica los casos de corrupción y el devenir político del Partido Popular, pero por el otro lado sostiene el gobierno de la formación conservadora con su respaldo parlamentario. 

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Los escenarios:

El golpe a la línea de flotación de Ciudadanos que supondría su negativa a participar en la moción de censura completa un proceso político dirigido a la más absoluta irrelevancia iniciado con el total incumplimiento por parte de Mariano Rajoy de unos acuerdos para la formación de gobierno que muchos hemos comenzado a dudar hayan existido en algún momento fuera de la imaginación del propio Rivera. Por su parte, un Partido Socialista inmerso las primarias únicamente se enfrenta a dos opciones: aceptar la moción de censura y recuperar el liderazgo de la oposición desde la formación de un gobierno alternativo o aceptar ceder la iniciativa en la oposición de Unidos Podemos, con lo que resultaría más rentable para Díaz comenzar a plantearse una futura formación de gobierno con los opositores.

Recuerda que como parte de la ley de memoria histórica y en recuerdo de la activista medioambiental Berta Cáceres, te agradeceríamos que dedicases un segundo a firmar esta petición para cambiar al recuerdo del fascismo de las calles de A Coruña, por el nombre de la activista medioambiental.

Desde DowJones te agradecemos tu colaboración.

https://www.change.org/p/xulio-ferreiro-calle-berta-c%C3%A1ceres-en-a-coru%C3%B1

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