Un país sin techo

Artículo 47

  1. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Imagínese por un momento que lo despiden de su trabajo,imagínese que no dispone de medios económicos con los que sobrevivir o mantener a su familia y la impotencia de ir viendo como las escasas ayudas que le aporta el Estado,se van acercando a su fin sin que logre encontrar ningún otro trabajo con el que salir de esa espiral que amenaza con tragárselo todo.Imagínese por un segundo que tras esperarlo durante mucho tiempo y sin que pudiese imaginárselo como algo real,hoy se encuentra finalmente con la tan temida orden de desahucio ante su puerta.Imagínese entonces el desgarrador llanto de sus hijos,la cara descompuesta de su mujer y el miedo que se dibuja en usted al no saber cómo va a resultar el final de toda esta situación en la que sin poder esperárselo desde su más o menos acomodada vida,de repente se ha visto inmerso.Piense ahora que éste ha sido de una forma más o menos similar,el escenario que ha acompañado a gran parte de los 400.000 desahucios que desde el inicio de la crisis se han producido en nuestro país.Un país,en el que si usted ha logrado situarse en esta realidad,comenzará a dudar si existe una verdadera democracia.

Tan sólo en 2013 y pese a la ornamentalidad del artículo 47 de nuestra Constitución,se han producido en nuestro país una media de 184 desahucios diarios,184 personas que diariamente han perdido lo que suponía en dos de cada tres ocasiones su vivienda principal.Es decir,el escenario en donde discurría su vida y en donde condensaban todos sus recuerdos.En definitiva,su hogar.

Y es que lejos de lo que nos puedan intentar transmitir las partes interesadas en que nada cambie en el sistema de acceso a la vivienda.El drama de los desahucios afecta principalmente a la clase trabajadora,una clase que ha servido de base para que el gran empresariado y sus políticos afines hayan levantado de la nada una burbuja inmobiliaria que ha supuesto el fruto de gran parte de nuestros males actuales. Una burbuja en donde los precios de la vivienda alcanzaban valores astronómicos muy alejados de las posibilidades de la mayor parte de la ciudadania, mientras los políticos lejos de preocuparse por un posible estallido,incluían en su argumentario el discurso de que si los españoles compraban viviendas era porque podían.El ladrillazo supone en un alarde de inoperancia sin precedentes,que nadie se percatase del hecho de que si los españoles compraban vivienda tras encadenarse a créditos hipotecarios generacionales, no era porque pudiesen, sino porque entonces al igual que hora,no tenían otra salida.

Ciertamente no podemos negar la existencia de  ciudadanos que jaleados por el guirigay formado por la política y las escabadoras,se sumaran inconscientemente a la ola especulativa de la segunda vivienda o la acuciante falta de una mayor cultura del alquiler en España ¿Pero acaso se dieron desde las instituciones pasos para solucionar esta sitaución o muy por el contrario se fomentaron las prácticas que finalmente nos han transformado en el mayor solar de Europa?La respuesta salta a la vista.

Políticos y empresarios han cimentado una mezcolanza de especulación urbanística,cultura de la propiedad y créditos de alto riesgo que sumados a la nula presencia de políticas encaminadas a favorecer el alquiler, han convertido a España en el epicentro de una tormenta perfecta de la crisis inmobiliaria,que con su estallido ha terminado con el sueño de toda una generación de españoles de lograr poseer una vivienda en propiedad. Toda esta situación se ha visto acompañada hasta el último segundo por un discurso gubernamental en pro del dinamismo de la construcción y la sacralidad de la propiedad privada.Una sacralidad que actualmente,tras la crisis económica que ha dinamitado el consumo en nuestro país,se ha visto reciclada hacía las obligaciones crediticias que el ciudadano parece verse en la obligación de cumplir pese a que esto le pueda suponer en última instancia el quedarse en la calle mientras entrega su vivienda al banco.Bancos a los que curiosamente nuestros políticos han entregado más de 130.000 millones de euros de las arcas publicas, mientras con total impunidad prosiguen desahuciando a gente pese a la tan anunciada ley hipotecaria.Ley que lejos de suponer un respiro para los más necesitados frente a la actuación del sistema bancario,ha visto con pasividad como este rechazaba hasta el 40% de las familias que pedían acogerse al código antidesahucios.

Y mientras el gobierno español continua haciendo oídos sordos a esta situación,desde Europa llaman la atención sobre un sistema en donde los ciudadanos tienen que aportar cerca de 36.000 millones a fondo perdido para el rescate de una entidad corrupta desde su fundación como es Bankia,mientras esta prosigue con su política de desahucios. Quién le iba a decir a los españoles,tan aleccionados durante décadas con la amenaza comunista, que no serian precisamente estos,sin los bancos los que finalmente les quitasen sus casas.

Todo parece diseñado para atar un sistema económico bipolar de corte socialista para las grandes esferas y de capitalismo de casino para el resto de los ciudadanos.Solamente se vislumbra una salida en la movilización social y la insumisión que organizaciones como la PAH ,los bomberos o diferentes agrupaciones judiciales han llevado a cabo denunciando la inviabilidad de un modelo económico en donde los mismos que nos aleccionan sobre la necesidad de hacer frente a la deuda pública,parecen obviar deliberadamente el hecho de que no parezca que nadie vaya a devolver los fondos que nos hemos visto obligados a aportar desde la ciudadania para evitar el colapso de un sistema moribundo.

Resulta más necesario que nunca un debate sobre el modelo social y económico en nuestro país, en donde se plantee si al igual que se nos pretende inculcar la sacralidad para el individuo de las obligaciones crediticias con las instituciones bancarias,debe ser responsabilidad de la ciudadania el exigir que estas aporten los fondos que se les han inyectado desde los estados para su saneamiento.Fondos que a todas luces parecen en la actualidad muy necesarios para lograr fomentar una red eficaz de vivienda pública o para crear nuevas ayudas económicas que permitan afrontar el pago de los alquileres a las personas más necesitadas.En definitiva,fondos que permitiesen lograr que ese artículo 47 de nuestra constitución garantizase finalmente una vivienda digna para todos los españoles.

kk


Autor: @SeijoDani

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